Tras la reciente expulsión de 603 connacionales, las autoridades nacionales preparan planes de contingencia para recibir a otro grupo.
El Gobierno colombiano intensifica las acciones para atender la llegada de 493 ciudadanos deportados desde cárceles ecuatorianas, un proceso que ha generado inquietud en las autoridades nacionales debido a la magnitud de los retornos y la falta de información oficial.
La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, subrayó la importancia de contar con datos completos y actualizados para garantizar la atención adecuada de los connacionales y evitar complicaciones en la recepción.
La funcionaria explicó que, hasta el momento, Ecuador ha entregado únicamente una lista preliminar de unas 300 personas sin detalles adicionales, lo que dificulta la planeación de la operación.
“Se solicitó a las autoridades ecuatorianas que remitan información complementaria a través de los conductos regulares. Estamos insistiendo en que se establezca un protocolo y un calendario definido para estas expulsiones, que permita actuar de manera ordenada y garantizar la integridad de nuestros compatriotas”, puntualizó Villavicencio.
Protocolo
El contexto de esta nueva deportación está marcado por lo ocurrido el pasado sábado, cuando 603 colombianos fueron entregados en el Puente Internacional de Rumichaca.
De ese grupo, 590 recuperaron su libertad mientras que 11 fueron capturados al comprobarse que tenían antecedentes judiciales vigentes, uno de ellos con circular roja de la Interpol. Las autoridades migratorias desplegaron un operativo especial para verificar identidades, realizar los controles de seguridad y garantizar el desplazamiento seguro de las personas hacia sus lugares de origen.
Según Villavicencio, se busca evitar situaciones improvisadas que puedan afectar los derechos de los retornados y la seguridad en la frontera. En este sentido, recordó que la Ley 2136 de 2021 establece las responsabilidades de las entidades estatales en el acompañamiento y atención integral a los colombianos repatriados.
Seguridad
Para reforzar la capacidad operativa, la Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de 60 uniformados en el departamento de Nariño, bajo la dirección del coronel Pablo Galindo, con el fin de garantizar la seguridad en el área de frontera y asistir en los procedimientos de recepción. “El despliegue de personal busca evitar alteraciones del orden y brindar apoyo a las entidades encargadas de la verificación de antecedentes y el traslado de los deportados”, precisó el oficial.
A la par, entidades como el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de la Igualdad se encuentran articulando esfuerzos con las autoridades locales y regionales para asegurar que los connacionales reciban asistencia humanitaria, orientación y transporte hacia sus sitios de residencia.
Este trabajo coordinado se considera clave para evitar aglomeraciones y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los repatriados.
Asistencia
La directora de Migración Colombia, Martha Hernández Arango, destacó la respuesta institucional ante la contingencia, señalando que la migración es un derecho y que el Estado colombiano tiene la obligación de ofrecer condiciones dignas de retorno.
“Del grupo de 606 personas recibidas anteriormente, 526 ya han sido plenamente caracterizadas, 11 presentan órdenes de captura y 5 cuentan con antecedentes judiciales. Todo este proceso se realizó en el puesto de control migratorio, en coordinación con las demás autoridades nacionales y regionales”, informó.
