Gladys Parra de Charry enfrentará graves cargos por presunta administración desleal.
La empresaria Gladys Parra de Charry, antigua representante legal suplente de Casta Agroindustrial Ganadera S.A.S., se encuentra en el centro de un proceso judicial que ha sacudido al sector empresarial de Ibagué. La Fiscalía le imputará oficialmente el próximo 24 de octubre de 2025 los delitos de administración desleal, obtención de documento falso y fraude procesal, por presuntamente haber realizado maniobras irregulares que afectaron el patrimonio de la compañía.
Los hechos, según la denuncia, se remontan a 2018, cuando Parra habría aprovechado su cargo para suplantar al representante legal principal y firmar la venta de dos apartamentos de la sociedad sin autorización. Las operaciones, realizadas en una notaría de Ibagué, fueron posteriormente inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos, consolidando transacciones que aparentaban legalidad, pero que ahora son objeto de investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que Parra utilizó documentos falsos y registros irregulares para consumar la venta de los inmuebles. Por ello, los cargos en su contra incluyen delitos con penas que podrían superar diez años de prisión, dependiendo de cómo se acumulen las condenas.
El proceso, actualmente en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué, también ha revelado las dificultades estructurales del sistema judicial. Desde septiembre de 2024, el expediente ha pasado por tres despachos diferentes, sumando más de quince movimientos procesales entre audiencias, suspensiones y recursos interpuestos por la defensa.
Según la investigación del medio ‘El Olfato’, mientras este trámite avanza lentamente, la empresa afectada continúa sin recuperar el control total de los bienes comprometidos. El juzgado ha solicitado medidas de protección sobre los inmuebles para impedir nuevas transferencias, pero hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre la suspensión de los registros.
Este viernes 24 de octubre, la audiencia de acusación será clave para determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para llevar a Parra a juicio. El caso se perfila como un símbolo de la lentitud con la que avanzan los procesos judiciales en Colombia y de cómo la burocracia termina desgastando tanto a víctimas como a acusados.
