En el Huila, el sindicalismo vuelve a encender las alarmas. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subdirectiva Huila, denunció la persecución de la que ha sido víctima su presidente, Juan Pablo Tovar Paredes, por parte del rector de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, Luis Alfonso Burbano; la exsecretaria de Educación de Neiva, Natalia Rodríguez; y el alcalde Germán Casagua.
El gremio acusa a estas autoridades de desobedecer el fallo del Juzgado Segundo Laboral de Neiva, que ordenó la reinstalación de Tovar en su cargo original, tras ser trasladado arbitrariamente el 13 de febrero.
La CUT sostiene que dicho traslado vulneró el fuero sindical, una garantía constitucional que protege a los dirigentes de los trabajadores. A pesar de la decisión judicial del 6 de junio, que condenó al municipio al pago de costas, la administración municipal y el rector se han negado a cumplir lo ordenado.
Mesa fallida
Con el fin de resolver el conflicto por la vía institucional, el Ministerio de Trabajo convocó una mesa de concertación el pasado 7 de marzo. Sin embargo, este espacio terminó en fracaso, pues las autoridades denunciadas incumplieron los acuerdos y, según la CUT, demostraron “falta de voluntad política” para respetar los derechos laborales.
En lugar de acatar el fallo, el rector Burbano ratificó su decisión el 15 de julio, modificando además la carga académica de Tovar. A esto se suma un proceso disciplinario en su contra, promovido desde la oficina de control interno de la Alcaldía de Neiva.
El propio Tovar denunció acoso laboral el 22 de julio, apelando a la Ley 1010 de 2006. Su solicitud fue ignorada, profundizando lo que la CUT califica como un patrón de hostigamiento institucional contra un representante de los trabajadores.
Tinte político
La CUT Huila asegura que esta persecución tiene un trasfondo político. Señala un vínculo electoral entre la exsecretaria de Educación Natalia Rodríguez y la senadora conservadora Esperanza Andrade, a quien el sindicato cuestionó por su papel en el hundimiento de la reforma laboral.
El respaldo abierto de la CUT a las reformas sociales del Gobierno del Cambio habría desencadenado represalias: restricciones a permisos, desconocimiento de derechos adquiridos e intentos de silenciamiento al sindicalismo combativo.
El gremio recuerda además sus denuncias sobre irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en la tercerización laboral de docentes no sindicalizados, lo cual, según ellos, ha fortalecido el cerco institucional contra su presidente.
En su comunicado, la CUT Huila y la Asociación de Institutores Huilenses (ADIH) exigieron a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo actuar con urgencia para frenar este grave atropello contra la democracia sindical.
