Un nuevo caso de amedrentamiento a un líder social y político se presentó en la capital del departamento del Meta, en esta ocasión la víctima fue el ex cabildante Darwin Castellanos Romero. Ante los hechos las autoridades no han brindado protección, ni han realizado el debido proceso para asegurar la vida del líder.
Las amenazas de muerte contra Castellanos, iniciaron el pasado 17 de agosto, con mensajes de texto de un calibre muy alto en malas palabras y que comprometían su vida, según relató él mismo.
“Doctor Darwin le voy a dar un consejo, hp no se equivoque criticando, no sea sapo no vaya ser que amanezca con la boca llena de moscas”, decía el primer mensaje enviado al exconcejal.
Sin embargo, Castellanos en un primer momento hizo caso omiso a las amenazas pensando que solo había sido una respuesta al acaloramiento del momento por sus denuncias como veedor y opositor, pero debido a la fuerte insistencia de los mensajes amenazantes, se vio en la necesidad de desplazarse y poner en conocimiento el problema ante las autoridades.
Fue así como el 2 de septiembre interpuso la denuncia ante la Fiscalía, además puso en conocimiento a la Personería y pidió la activación de la ruta de protección. Días después en la ciudad de Villavicencio surgió un panfleto amenazante en donde estaba en lista una serie de políticos y periodistas, pese a que Castellanos no estaba en dicha lista, su familia se alertó y por tal motivo salieron desplazados de su vivienda hacia Casanare, para poder protegerse de cualquier ataque contra él o contra su familia.
Estando alejado de la ciudad de Villavicencio continuaron las amenazas y los mensajes sugestivos, por tal motivo el exconcejal tuvo que dejar los llanos e irse hasta el departamento de Antioquia, pero pese a su éxodo, hasta este lugar por medio de un correo de voz enviado al teléfono de su hijo, lo amenazaron a él y a su familia.
El líder político y social con una trayectoria de 20 años en donde ha defendido los intereses de la ciudadanía, pide a las autoridades atender su caso, ya que la Fiscalía no ha tomado acción en su proceso y UNP solo ha puesto a su disposición la realización de un informe, pero no le han brindado medidas de protección ni a él, ni a su familia.
