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Abdullah Öcalan, el líder kurdo encarcelado en Turquía por décadas, solicitó el término de la lucha insurrecta, lo que podría acarrear repercusiones para los grupos kurdos y sus aliados en Siria e Irak.
Desde que Abdullah Öcalan, el dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y encarcelado en Turquía hace décadas, convocó a la deposición de armas, otras comunidades kurdas dispersas en el Medio Oriente se han visto en situación de emergencia. En su llamado histórico, Öcalan convocó a un congreso para establecer el porvenir del movimiento, que indudablemente se incorporará al escenario político.
Aunque todavía no se ha establecido una fecha para tal reunión, el PKK ya hizo público que recibirá la convocatoria de su líder y proclamó un alto al fuego unilateral. El movimiento ha estado librando una lucha violenta por la independencia de los kurdos durante 40 años.
Mientras no se confirme oficialmente la disolución del PKK, el gobierno de Ankara continuará considerándolo una organización terrorista y persistirá en sus ataques contra sus sedes en Irak y sus aliados en Siria. Turquía exige la disolución de todos los grupos, sin excepción.
En la región residen alrededor de 35 millones de kurdos, uno de los grupos étnicos más numerosos sin un Estado propio. Para ellos, Öcalan no ofreció soluciones novedosas y, de hecho, en su discurso no se refirió de manera explícita a los combatientes que se encuentran fuera de Turquía.
La mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas. A pesar de compartir una identidad étnica común, los kurdos que residen en Turquía, Siria, Irak, Irán y Armenia carecen de una representación transfronteriza, así como de políticas comunes y fuerzas armadas unificadas. Como consecuencia, los portavoces del PKK en Irak y Siria respondieron de manera distinta al llamado de Öcalan.
