El Tribunal Superior de Bogotá emitió este 19 de agosto una decisión judicial clave en el proceso penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Por medio de una tutela, amparó su derecho a la libertad individual al considerar que los fundamentos utilizados por la jueza Sandra Heredia para imponerle 12 años de prisión domiciliaria resultaron “vagos, indeterminados e imprecisos”.
La sentencia de primera instancia, emitida a comienzos de agosto, halló a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por más de ocho años, además de imponerle una multa millonaria. Sin embargo, la decisión actual no anula ni revisa el fondo de la condena, sino que únicamente revoca su detención domiciliaria, permitiéndole esperar la resolución en libertad mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.
Los magistrados que suscribieron el fallo sostuvieron que no está claro por qué la privación de la libertad era necesaria ahora si aún existía la posibilidad de apelación. Además, criticaron que la jueza Heredia justificara esa medida apelando a argumentos genéricos como “convivencia pacífica”, “efecto ejemplarizante” o “reconocimiento público”, razones que, según el tribunal, no satisfacen el principio de proporcionalidad ni respetan la presunción de inocencia.
Reacciones:
- Desde el estanque político, figuras del uribismo festejaron el fallo como una victoria judicial, advierten que este acción fortalece la tesis de que el proceso en curso fue influenciado por motivaciones políticas —lo que alián al argumento de “lawfare”.
- Por otro lado, el senador Iván Cepeda, figura clave en el detrás del caso, expresó que acata la decisión pero no la comparte, y reitera que no confía en que el tribunal esté exento de presiones.
¿Qué sigue?
El Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para definir si ratifica o revoca la condena. Si no lo hace en ese plazo, el proceso podría ser archivado.
Contexto general:
Este fallo marca un episodio sin precedentes en la historia judicial colombiana, dado que Uribe es el primer expresidente condenado penalmente y ahora recobra temporalmente su libertad mientras se resuelve su recurso de apelación. Desde hace años, tanto en círculos nacionales como internacionales, se han debatido las implicaciones políticas y jurídicas del caso, en un país profundamente polarizado.
