A comienzos de la semana pasada, en una maniobra militar en El Retorno contra el Frente 44 “Antonio Ricaurte” —una disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC—, las fuerzas armadas lograron abatir a alias “Dumar”, líder del bloque Martín Villa, y capturar a diez insurgentes. Pero poco después, las tropas fueron rodeadas por civiles armados, quienes habrían sido movilizados por la disidencia. Esa comunidad, visiblemente molesta por la muerte de un campesino identificado como Ramiro Correa Ortiz —que según testigos no tendría nexos con el conflicto—, impidió la salida de los militares y los mantuvo retenidos durante días.
Detalles del secuestro
Aunque inicialmente se informó de 34 militares retenidos, se confirmó que fueron 33 los uniformados secuestrados. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, la Defensoría regional y la misión de paz de la ONU y la OEA fueron clave en las gestiones humanitarias que permitieron la liberación pacífica.
Los soldados estuvieron privados de libertad por más de 70 horas, sin acceso a alimentos, agua o movimiento; rodeados por cientos de personas, en lo que las autoridades calificaron como secuestro extorsivo.
Durante el cautiverio, hubo un incidente particularmente preocupante: la desaparición de un joven campesino que se negó a agredir a los militares, cuya agresión ordenó alias “Yimmi Martínez”. Su paradero sigue siendo desconocido, y el presidente Gustavo Petro pidió activar todos los mecanismos de búsqueda e investigación por desaparición forzada.
Tras la liberación
En las últimas horas de este jueves, gracias a la mediación, los 33 soldados recuperaron su libertad y fueron evacuados, con ayuda de helicópteros, hacia San José del Guaviare donde se verificará su estado de salud.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía y se ofreció una recompensa —de hasta 20 millones de pesos según El Colombiano— por información que permita identificar a los responsables.
Significado e implicaciones
Este incidente pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas selváticas donde operan disidencias armadas vinculadas al narcotráfico y a economías ilegales. Es también una dura prueba a la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que aún no muestra avances decisivos frente al conflicto armado residual.
