Comerciantes rechazan medidas que, según ellos, afectan economía y vulneran principios constitucionales
En medio de la expectativa por el arribo de turistas durante la Semana Santa, la administración municipal de Rivera, en cabeza del alcalde Luis Humberto Alvarado Guzmán, emitió el decreto 033 de 2025 que impone severas restricciones en el municipio, desatando el rechazo de comerciantes y sectores productivos locales.
La norma contempla la implementación de ley seca durante cuatro días consecutivos, a partir del Jueves Santo, además de la prohibición total de espectáculos públicos, funcionamiento de bares, discotecas, billares, licoreras y cualquier tipo de expendio de bebidas alcohólicas. También restringe el uso de equipos de sonido en espacios públicos y establecimientos comerciales, exceptuando únicamente los eventos religiosos.
Afectaciones al turismo y la economía local
Empresarios, emprendedores del sector gastronómico y de bebidas, así como propietarios de sitios de entretenimiento, consideran que el decreto afecta gravemente la economía local. Rivera es reconocido por su turismo termal y su oferta culinaria, no por actividades religiosas, por lo cual muchos visitantes eligen el municipio como destino de descanso.
“Estas decisiones nos perjudican profundamente. No hay evidencia de alteraciones al orden público que justifiquen una medida tan extrema. Se está castigando a toda una comunidad en nombre de una celebración religiosa”, manifestó un comerciante afectado.
Debate constitucional y neutralidad religiosa
Expertos en derecho constitucional han advertido sobre la posible nulidad del decreto por desviación de poder. Según la jurisprudencia, el Estado debe actuar bajo principios de neutralidad religiosa y no puede tomar decisiones que promuevan una religión específica. En este caso, el decreto parecería tener una motivación religiosa más que una necesidad comprobada de orden público.
“La libertad religiosa no puede ser excusa para vulnerar otros derechos fundamentales como el trabajo o el libre desarrollo de la personalidad. Este tipo de medidas pueden traer consecuencias jurídicas para el municipio”, aseguró un abogado consultado.
Riesgos legales y prevención de daños
La polémica también se centra en el eventual daño antijurídico que podría generarse. Comerciantes y ciudadanos afectados han manifestado su intención de interponer acciones legales contra el municipio por las pérdidas económicas ocasionadas por el decreto. Ante esto, se insiste en la responsabilidad del alcalde de prevenir estos perjuicios y buscar salidas concertadas.
Por ahora, el alcalde Alvarado no ha emitido declaraciones frente a los cuestionamientos. Sin embargo, distintos sectores llaman al diálogo y a revisar el decreto, teniendo en cuenta el impacto económico y la necesidad de garantizar el equilibrio entre respeto a las tradiciones religiosas y los derechos constitucionales de toda la ciudadanía.
