El Gobierno de Colombia prepara la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa que será presentada ante el Congreso con el objetivo de profundizar el ajuste de las finanzas públicas, reducir el crecimiento del gasto estatal y contribuir a contener el déficit fiscal.
La propuesta todavía no ha sido radicada formalmente. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, informó el 30 de septiembre que el proyecto será presentado al Legislativo en un plazo aproximado de 10 a 12 días, una vez avance el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El anuncio se produce en medio de un escenario de fuerte presión sobre las cuentas del Estado, con un elevado déficit fiscal, mayores necesidades de financiamiento y un aumento del costo de la deuda. El Gobierno sostiene que la estrategia debe combinar reducción del gasto, austeridad y cambios en la estructura del Estado.
De acuerdo con las cifras que ha divulgado Hacienda, la iniciativa buscaría generar un ajuste de algo más de $40 billones, equivalente a aproximadamente 2,2 % del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, los detalles definitivos todavía dependen del articulado que sea presentado ante el Congreso.
La Ley de Rescate Económico todavía no ha sido presentada
Uno de los puntos importantes para entender el anuncio es diferenciar entre la preparación del proyecto y su radicación formal.
Durante las últimas semanas, el Gobierno había anunciado que preparaba una ley de ajuste fiscal. Inicialmente se esperaba que llegara al Congreso durante septiembre, pero el calendario cambió.
El 30 de septiembre, después de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro Miguel Gómez confirmó que el proyecto sería presentado aproximadamente en 10 o 12 días. La iniciativa forma parte de una estrategia fiscal estructurada en tres etapas: el Presupuesto General de la Nación de 2027, la Ley de Rescate Económico y posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo.
Por eso, al 1 de octubre de 2026 no existe todavía un texto definitivo de la Ley de Rescate Económico aprobado por el Congreso, ni se conocen todos los artículos que determinarán cómo se produciría el recorte.
¿Cuánto pretende recortar el Gobierno?
La cifra que ha cobrado mayor relevancia es la de más de $40 billones.
La República informó el 1 de octubre que Hacienda busca reducir el gasto en aproximadamente 2,2 % del PIB, mientras que otros anuncios previos del Gobierno habían situado el ajuste alrededor de los $40 billones.
La propuesta no debe confundirse con el recorte de $21,9 billones anunciado para 2026. Ese ajuste corresponde a una medida diferente, adoptada como parte de las acciones inmediatas para contener el gasto durante la vigencia actual.
El nuevo proyecto pretende establecer medidas adicionales que permitan modificar de manera más permanente la trayectoria del gasto público.
Hacienda ha señalado que parte de las posibilidades de ahorro estarían relacionadas con la revisión de partidas determinadas por leyes, gastos administrativos y contratos de prestación de servicios.
El ministro también ha planteado la necesidad de revisar la estructura del Estado. Sin embargo, varias de esas medidas todavía se encuentran en etapa de propuesta y no pueden considerarse decisiones definitivas hasta que exista un proyecto concreto y, posteriormente, un trámite legislativo.
El Gobierno busca reducir el déficit fiscal
El trasfondo de la Ley de Rescate Económico es el deterioro de las cuentas fiscales.
El Gobierno ha sostenido que recibió una situación fiscal más complicada de la que reflejaban algunas de las proyecciones anteriores. Al presentar el Presupuesto General de la Nación para 2027, Hacienda señaló que era necesario incorporar obligaciones que, según su diagnóstico, no estaban suficientemente contempladas en el proyecto presentado por la administración anterior.
La Presidencia informó en agosto que el Gobierno proyectaba para 2026 un déficit primario de 4,4 % del PIB, frente al 2,1 % que había sido previsto anteriormente, y planteó reducirlo mediante recortes y aplazamientos del gasto.
El déficit primario mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes de contabilizar los intereses de la deuda. Por eso, no debe confundirse con el déficit fiscal total.
La situación también ha sido analizada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo técnico independiente encargado de hacer seguimiento a las finanzas públicas.
CARF advierte que el ajuste podría ser más difícil
El CARF presentó a finales de septiembre una estimación diferente a la del Ministerio de Hacienda.
Según el informe citado por La República, el CARF calcula que el déficit fiscal podría llegar a 7,8 % del PIB en 2026, mientras que Hacienda proyecta 7,2 %. La diferencia se explica principalmente por las distintas estimaciones sobre cuánto del recorte de gasto anunciado puede convertirse efectivamente en menor ejecución presupuestal.
El comité estimó que un recorte de aproximadamente $21,7 billones previsto por Hacienda podría traducirse en un ahorro efectivo menor.
Para 2027 también existen diferencias entre las proyecciones oficiales y las del organismo fiscal. El CARF ha insistido en la necesidad de medidas estructurales y permanentes para estabilizar la deuda y permitir el retorno a las metas de la regla fiscal.
Estas diferencias son relevantes porque muestran que el debate no se limita a determinar cuánto quiere recortar el Gobierno, sino también a establecer qué tan viable es materializar esos ahorros dentro de un presupuesto en el que buena parte de los recursos ya están comprometidos.
¿Por qué es difícil reducir rápidamente el gasto?
Una de las principales dificultades del ajuste fiscal es que el Estado no puede disponer libremente de todo el presupuesto.
Existen gastos asociados a obligaciones legales y constitucionales, entre ellos recursos destinados a sectores como salud, pensiones, educación, transferencias territoriales y servicio de la deuda.
Además, una parte considerable del presupuesto corresponde al funcionamiento de entidades públicas y a compromisos adquiridos previamente.
Hacienda ha planteado revisar determinadas partidas establecidas por leyes y reducir gastos que considera susceptibles de racionalización. El ministro también ha hablado de disminuir el uso de contratos de prestación de servicios y revisar la estructura administrativa del Estado.
No obstante, el alcance concreto de estas medidas dependerá del texto que finalmente sea presentado al Congreso.
El Presupuesto de 2027 es otra pieza del ajuste
La Ley de Rescate Económico debe entenderse junto al Presupuesto General de la Nación de 2027.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un proyecto de presupuesto por aproximadamente $635 billones, después de que el Congreso devolviera la propuesta presentada por la administración anterior.
La Presidencia explicó que el nuevo proyecto incorporó obligaciones que, según el Gobierno, debían quedar reflejadas en las cuentas nacionales, además de contemplar medidas de austeridad.
El presupuesto fue presentado como la primera fase del denominado Plan de Rescate de la Economía.
La segunda fase corresponde precisamente a la Ley de Rescate Económico, mientras que una tercera etapa estaría relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá establecer buena parte de las prioridades del Gobierno durante el periodo presidencial.
Una diferencia importante: presupuesto más grande y recorte del gasto
A primera vista, puede parecer contradictorio que el Gobierno hable simultáneamente de reducir el gasto y presente un presupuesto superior al de la administración anterior.
La explicación está en que el presupuesto de 2027 incorpora obligaciones y necesidades de financiamiento que el Gobierno considera que no estaban adecuadamente reflejadas en la propuesta anterior.
La Presidencia señaló que el presupuesto presentado asciende a $635 billones y es superior en $59,3 billones al proyecto anterior.
Esto significa que la Ley de Rescate Económico busca actuar sobre la estructura del gasto, incluso cuando el presupuesto total contiene mayores obligaciones.
La discusión en el Congreso, por tanto, tendrá que abordar tanto el tamaño del presupuesto como las medidas necesarias para hacerlo sostenible.
El Gobierno insiste en que no se trata de una reforma tributaria tradicional
Otro elemento central del proyecto es la posición del Gobierno frente a los impuestos.
El ministro Miguel Gómez ha señalado que la propuesta no busca ser una reforma tributaria tradicional enfocada principalmente en incrementar las tarifas de los impuestos.
Hacienda ha explicado que el eje inicial estará en el gasto público y en la austeridad. También se han mencionado mecanismos para aumentar ingresos, aunque el Gobierno ha señalado que subir impuestos no sería su primera opción.
Esto no significa que el proyecto definitivo no pueda incluir medidas relacionadas con ingresos. Precisamente uno de los aspectos que deberá conocerse cuando sea radicado será la combinación exacta entre ahorro, modificaciones administrativas y eventuales mecanismos de generación de recursos.
La deuda es uno de los principales factores de presión
El servicio de la deuda constituye otra de las razones detrás del ajuste.
Cuando aumenta el endeudamiento público, una proporción mayor de los recursos del Estado debe destinarse al pago de capital e intereses. Esto reduce el margen disponible para otros programas y proyectos.
El Gobierno ha advertido que mantener una trayectoria creciente de deuda puede incrementar las necesidades futuras de financiación.
En agosto, el ministro Miguel Gómez señaló que, sin medidas de ajuste, la deuda pública podría alcanzar niveles considerablemente mayores durante el actual periodo de gobierno. El plan anunciado busca precisamente modificar esa trayectoria mediante reducción del gasto y otras medidas fiscales.
El terremoto también aumentó las presiones sobre las finanzas públicas
El escenario fiscal se ha complicado además por las necesidades de reconstrucción derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.
El Gobierno ha señalado que debe atender simultáneamente las obligaciones normales del Estado y los recursos extraordinarios necesarios para responder a la emergencia.
A finales de septiembre, el Ejecutivo llevó al Congreso una solicitud de traslado presupuestal relacionada con la emergencia del terremoto y con la situación energética del Caribe. La propuesta contemplaba recursos adicionales para la reconstrucción y medidas para enfrentar las dificultades financieras de Air-e y prevenir problemas en el suministro eléctrico.
Esto agrega presión sobre unas cuentas públicas que ya enfrentaban un elevado déficit y mayores necesidades de financiación.
El ajuste fiscal ocurre mientras suben las tasas de interés
El anuncio de la Ley de Rescate Económico coincidió además con una decisión del Banco de la República de elevar su tasa de interés de política monetaria.
El 30 de septiembre, la Junta Directiva aumentó la tasa en 25 puntos básicos, hasta 12,25 %. La decisión se produjo en un contexto de inflación elevada y mayores riesgos sobre la evolución de los precios.
Las tasas de interés tienen importancia para las finanzas públicas porque influyen en el costo de financiación. También afectan los créditos de hogares y empresas.
Por esta razón, el Gobierno enfrenta un escenario en el que debe ajustar sus cuentas mientras las condiciones de financiación permanecen exigentes.
¿Qué puede pasar cuando llegue el proyecto al Congreso?
Una vez el Gobierno radique formalmente la Ley de Rescate Económico, comenzará el proceso legislativo.
El proyecto deberá ser estudiado por las comisiones constitucionales correspondientes y posteriormente avanzar hacia las plenarias de Senado y Cámara, de acuerdo con el trámite establecido para las leyes ordinarias.
Durante ese proceso podrán presentarse modificaciones, propuestas alternativas y cambios en las medidas planteadas inicialmente por el Ejecutivo.
Por ahora, todavía no es posible determinar cuáles partidas serán recortadas exactamente, qué entidades tendrán que reducir gastos o cuál será el impacto final sobre los distintos sectores de la administración pública.
La cifra de más de $40 billones corresponde a la meta anunciada por el Gobierno, pero el resultado dependerá tanto del contenido definitivo del proyecto como de las decisiones que adopte el Congreso.
El Gobierno también busca apoyo del Fondo Monetario Internacional
La estrategia fiscal se desarrolla paralelamente a un acercamiento con organismos multilaterales.
El 28 de septiembre, la Presidencia informó que el Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una misión técnica para evaluar la situación económica y los planes macroeconómicos de Colombia.
La solicitud no equivale por sí misma a la aprobación de un nuevo préstamo. Se trata de una misión técnica destinada a evaluar la situación económica y las políticas del país.
El acercamiento forma parte de un escenario en el que el Gobierno busca recuperar margen financiero y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
¿Qué está definido y qué todavía falta por conocer?
A la fecha, varios elementos de la estrategia ya fueron anunciados, mientras otros continúan en elaboración.
Está anunciado:
- La presentación de una Ley de Rescate Económico ante el Congreso.
- Una meta de reducción del gasto superior a $40 billones, equivalente a cerca del 2,2 % del PIB.
- Un enfoque centrado inicialmente en austeridad y reducción del gasto.
- La articulación del proyecto con el Presupuesto de 2027 y el Plan Nacional de Desarrollo.
- La intención de revisar algunas partidas y mecanismos de funcionamiento del Estado.
Todavía falta por conocer:
- El texto definitivo del proyecto.
- Las partidas específicas que serían modificadas.
- El detalle de los ahorros por ministerio y entidad.
- Las eventuales medidas relacionadas con ingresos.
- El impacto sobre contratos y puestos de trabajo.
- Las modificaciones que pueda introducir el Congreso.
- El monto final del ajuste que eventualmente sea aprobado.
Por eso, aunque el Gobierno ya definió una meta general de ahorro, el contenido final de la Ley de Rescate Económico todavía está sujeto al trámite legislativo.
Una discusión que marcará las finanzas públicas de Colombia
La llegada de esta iniciativa al Congreso abrirá uno de los principales debates económicos de los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El Ejecutivo sostiene que la reducción del gasto es necesaria para contener el déficit, estabilizar la deuda y recuperar capacidad financiera. El CARF, por su parte, ha señalado que las cuentas fiscales requieren medidas estructurales y ha presentado proyecciones de déficit superiores a las del Gobierno.
El debate legislativo deberá determinar finalmente qué medidas pueden convertirse en ley y cuáles serán sus efectos sobre el presupuesto nacional.
Por ahora, el dato más concreto es que el Gobierno no ha radicado todavía la Ley de Rescate Económico, pero el ministro de Hacienda confirmó que espera llevarla al Congreso en los primeros días de octubre, aproximadamente 10 o 12 días después del anuncio realizado el 30 de septiembre.
La iniciativa será una pieza central de la estrategia fiscal del Ejecutivo y su trámite permitirá conocer con precisión cómo pretende el Gobierno alcanzar el ahorro superior a $40 billones anunciado para reducir la presión sobre las finanzas públicas.
