Buenaventura, una ciudad marcada históricamente por la violencia y el accionar de grupos armados ilegales, vive hoy un momento crucial en su búsqueda de paz. La Mesa Sociojurídica, conformada por autoridades locales, el Gobierno Nacional y líderes sociales, avanza en la consecución de una ley de sometimiento que permita a las organizaciones criminales, en particular ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
Acción
El proyecto, que se espera tenga trámite en el Congreso de la República, busca establecer un marco legal claro que brinde garantías tanto a las comunidades afectadas como a los integrantes de estas estructuras ilegales que decidan acogerse. Según las autoridades, la iniciativa constituye una oportunidad histórica para reducir la violencia, fortalecer la convivencia y abrir un camino de reconciliación en el puerto. Uno de los actores clave en este proceso ha sido el Obispo de la Diócesis, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien ha ejercido un papel de mediador entre las partes.
Intermediación
El prelado reconoció que la violencia en la ciudad se origina principalmente en la confrontación entre bandas criminales y lamentó el alto costo que pagan los jóvenes. “Sabemos que la violencia que se genera en la ciudad la mayor parte es por culpa del enfrentamiento entre las bandas criminales. Pero en general el grueso siempre son jóvenes que mueren, que hacen parte de este conflicto, que lastimosamente está destruyendo la vida de nuestros jóvenes entre 14 y 28 años”, afirmó. El líder religioso también destacó los avances logrados en zonas como la comuna 12, donde los grupos ‘Chiquillos’ y ‘Shottas’ han pactado un cese de hostilidades. Según Monseñor Jaramillo, este diálogo ha permitido que disminuyan los enfrentamientos y que la comunidad pueda retornar a sus hogares. “Ya hablamos con el jefe de los Chiquillos, el jefe de los Shottas, estamos dialogando y por eso se han calmado las cosas allá (…) esperamos que siga bajando para el bien de la comunidad y la paz y que la gente pueda retornar a sus casas”, señaló.
Proceso
Por su parte, Fabio Cardoso, delegado del Gobierno Nacional en la Mesa de Dialogo, reiteró la urgencia de consolidar este marco legal para dar viabilidad al proceso de desarme. En sus palabras, la reducción de homicidios es clave para que el proyecto tenga acogida en el Congreso.
