El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, celebró la sanción de la Ley 2461 de 2024, que dignificó la labor de los concejales al establecer un ajuste en sus honorarios, especialmente en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Sin embargo, advirtió que su implementación podría traer consecuencias fiscales graves para las localidades con bajos ingresos.
Aunque reconoció que la norma busca garantizar mejores condiciones para el ejercicio del control político, también señaló que su aplicación implica un nuevo compromiso financiero para los municipios. “En muchas poblaciones, los concejales no alcanzaban siquiera el salario mínimo pese a realizar hasta 90 sesiones al año. Esta ley corrige una injusticia, pero también crea una carga pesada sobre los presupuestos locales”, afirmó el mandatario.
La normativa establece que el aumento en los honorarios debe ser cubierto con recursos de libre destinación, es decir, ingresos como el impuesto predial o el de industria y comercio. Esto, según Gamboa, compromete recursos que usualmente se destinan a salud, educación o infraestructura.
Frente al nuevo escenario, solicitó al Gobierno Nacional que asuma una parte del esfuerzo económico. “No se puede aplicar una norma igual para todos cuando las condiciones fiscales son desiguales. Algunos municipios, como Villa de Leyva, podrían ajustarse. Otros, simplemente no tienen cómo”, explicó.
El alcalde también cuestionó que la ley se aprobara sin un análisis técnico profundo ni la debida consulta a los mandatarios locales. “Faltó planificación. Una buena intención sin respaldo financiero puede terminar afectando la prestación de servicios básicos”, advirtió.
Finalmente, propuso que el Ministerio de Hacienda y el DNP revisen la clasificación de los municipios con criterios actualizados, y consideren un esquema de compensación o apoyo. “Sin una solución estructural, esta ley, aunque justa, podría poner en riesgo el funcionamiento institucional de muchos territorios”, concluyó.
