Un intento de la Administración Municipal por redirigir $6 mil millones del Fondo de Contingencia hacia obras de infraestructura vial terminó convirtiéndose en el nuevo foco de tensión política entre la Alcaldía y el Concejo de Popayán. La movida, impulsada por la Secretaría de Hacienda, generó fuertes cuestionamientos al revelarse que un acuerdo municipal vigente impide ese tipo de traslados, pues dichos recursos solo pueden destinarse al pago de demandas, sentencias judiciales y contingencias financieras del municipio.
La iniciativa, presentada como una maniobra para agilizar obras viales antes del cierre de año, fue interpretada por varios concejales como un intento de la Administración por “forzar” recursos que tienen una destinación específica. Según documentos conocidos durante la sesión del pasado 8 de diciembre, la Secretaría de Hacienda liderada por Juliana Sarmiento habría solicitado autorización para trasladar el dinero bajo el argumento de atender “prioridades urgentes” en el plan de infraestructura.
Sin embargo, la propuesta quedó rápidamente contra las cuerdas cuando los corporados recordaron que el Fondo de Contingencia no puede ser utilizado para obras, ni para inversiones de ningún tipo. Se trata de un rubro protegido normativamente para salvaguardar al municipio ante obligaciones judiciales, fallos adversos y riesgos financieros que puedan comprometer su estabilidad presupuestal.
“Es ilegal y además riesgoso para las finanzas del municipio”, señalaron varios concejales durante el debate, advirtiendo que un traslado de este tipo podría dejar a Popayán expuesta frente a litigios actuales y futuros. De inmediato, la discusión escaló a un escenario político más amplio, donde la oposición interpretó la actuación como un reflejo de la improvisación administrativa que según aseguran ha caracterizado el último tramo del gobierno municipal.
El episodio también dejó en entredicho el nivel de coordinación interna dentro de la Alcaldía. Para algunos analistas locales, el intento de mover los $6 mil millones sin un sustento jurídico claro refleja un desgaste creciente entre los equipos técnicos y la agenda política del Ejecutivo.
Aunque la Secretaría de Hacienda no ha entregado una explicación detallada, fuentes cercanas a la Administración insisten en que la intención nunca fue vulnerar la norma, sino “buscar alternativas” para acelerar obras que el Concejo no ha priorizado. Aun así, el golpe político ya está dado: la jugada no solo falló, sino que terminó generando un ruido que la Alcaldía no tenía previsto.
