Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Rubén Cerón Ortega, Nelson José Cerón López y Carlos Cerón Agudelo, señalados de ser los autores de una compleja y prolongada trama de extorsión en zona rural del municipio de Garzón, Huila.
Los capturados enfrentan cargos por los delitos de extorsión agravada y desplazamiento forzado, imputados por una fiscal seccional. Aunque ninguno aceptó los cargos, la contundencia del material probatorio llevó a la imposición de la medida privativa de la libertad mientras continúa el proceso judicial.
Nueve años bajo amenazas
Según lo establecido por los investigadores, entre 2015 y 2024, los tres hombres habrían exigido reiteradamente altas sumas de dinero a un agricultor de la zona, intimidándolo con amenazas contra su vida y la de su familia. Las visitas se daban directamente en su vivienda, ubicada en una vereda de Garzón, donde los sujetos aseguraban actuar en nombre de estructuras criminales.
El temor constante fue suficiente para obligar a la víctima a realizar al menos 12 millones de pesos en pagos, además de ceder un lote de terreno como parte de las exigencias. Las intimidaciones se volvieron tan insoportables, que en septiembre de 2024, el campesino abandonó sus tierras junto con sus seres queridos, convirtiéndose en víctima de desplazamiento forzado.
Operativos
La operación fue liderada por unidades del Gaula de la Policía Nacional, quienes lograron hacer efectivas las órdenes de captura emitidas por un juez. Los procedimientos se realizaron de forma simultánea tanto en vía pública del municipio de Garzón como en el departamento del Cauca, donde uno de los procesados había buscado refugio.
Extorsión persistente
Este caso ha generado especial preocupación entre las autoridades del Huila, debido al modus operandi de los agresores: una extorsión sistemática, prolongada en el tiempo, silenciosa y altamente efectiva, basada en el miedo y el desarraigo. La Fiscalía resaltó que el caso evidencia cómo el crimen organizado sigue ejerciendo presión sobre comunidades rurales mediante métodos sutiles pero devastadores.
Investigación clave
El trabajo articulado entre la Fiscalía y el Gaula fue fundamental para recopilar las pruebas necesarias: testimonios, registros de entregas y documentación del abandono del predio. Estos elementos permitieron esclarecer la grave afectación sufrida por el agricultor y su familia, y garantizar la judicialización de los responsables.
Llamado a las víctimas
Las autoridades invitaron a quienes estén siendo víctimas de cualquier tipo de extorsión a denunciar, asegurando que el silencio alimenta al delito y que existen rutas de atención y protección. Este caso, aseguran, es un ejemplo de que sí es posible romper el ciclo del miedo con el respaldo de la institucionalidad.
La investigación sigue su curso y se espera que en las próximas audiencias se defina la situación jurídica definitiva de los tres acusados.
