La Fiscalía General de la Nación judicializó a once personas, entre ellas un soldado profesional activo y un intendente pensionado de la Policía Nacional, señalados de integrar una red criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Parte del armamento habría sido destinado a disidencias de las FARC que operan en departamentos como Meta, Cauca, Tolima y Arauca, así como a estructuras delincuenciales en Bogotá.
Operativo
Las investigaciones revelaron que este grupo estaba conformado por uniformados activos y retirados, además de civiles que usaban negocios legales como fachada para encubrir sus operaciones. Durante nueve diligencias de allanamiento, lideradas por el CTI y la Brigada 13 del Ejército, fueron capturados los implicados y se incautó un arsenal de guerra.
Entre los procesados están Jhon Alexander Salgado Osorio, soldado activo señalado de sustraer material de batallones, y Alberto Hernando Orozco Salcedo, exintendente de la Policía, identificado como uno de los cabecillas. También están vinculados otros nueve individuos, quienes usaban salvoconductos vencidos para adquirir municiones en armerías legales, que luego redirigían al mercado ilegal.
Durante los operativos se incautaron 3.184 municiones, 46 armas de fuego, un lanzagranadas, uniforme tipo militar, 20 salvoconductos vencidos y $45 millones en efectivo. A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de armas de uso restringido y utilización ilegal de uniformes. Ocho aceptaron cargos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía continúa investigando conexiones en el Meta.
