El exdiputado del departamento del Meta, Arley Gómez, interpuso una acción de tutela contra diversas entidades públicas y privadas, en la que solicitaba la suspensión del peaje Ocoa, ubicado en la vía que conecta a Villavicencio con Acacías. Este recurso judicial, fue dirigido a entidades de alto nivel como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional del Meta, la Gobernación del Meta, la Concesión Vial de los Llanos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Defensoría del Pueblo, y hasta la Presidencia de la República. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio rechazó la solicitud, generando una serie de repercusiones y señalamientos en contra del exdiputado.
Improcedente
Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Tercera de Decisión Civil, tras analizar la tutela presentada, determinó que la solicitud del exdiputado no cumplía con los requisitos necesarios para ser aceptada. Según el tribunal, la acción de Gómez carecía de pruebas suficientes que justificaran la vulneración de derechos fundamentales, y la vía de la tutela no resultaba adecuada para resolver la problemática planteada. Uno de los elementos centrales que llevó al rechazo de la solicitud fue la falta de subsidiariedad.
Acusaciones graves
Tras la decisión del tribunal, diferentes entidades involucradas en el proceso lanzaron serias acusaciones contra Arley Gómez. Señalaron que Gómez había incurrido en una serie de acciones que excedían el marco de la protesta pacífica y que, en cambio, configuraban conductas ilegales.
Entre los cargos que se le imputan al exdiputado están los siguientes: constreñimiento ilegal, violación de la libertad al trabajo, obstrucción de vías, alteración del orden público, agresión verbal, física y coacción para abandonar sus puestos de trabajo contra funcionarios de la concesión y contra conductores que estaban haciendo el pago del peaje con normalidad.
Repercusiones
El rechazo de la tutela por parte del tribunal representa un duro revés para Arley Gómez. Aunque aún no se ha definido si el exdiputado enfrentará consecuencias legales adicionales por las acusaciones en su contra, posiblemente las entidades involucradas, podrían continuar con acciones legales para resarcir los daños ocasionados durante las protestas.
