Debido a unas diferencias con su excompañera sentimental, el hombre conocido como “Rodrigo Méndez”, procedió a incinerar una moto que al parecer le pertenecería a la mujer. La tranquilidad del barrio La Esperanza en el municipio del Pital, se vio opacada por una fuerte discusión que provenía de una vivienda, los gritos y sonidos extraños alertaron a la comunidad, quienes rápidamente procedieron a llamar a las autoridades competentes para que atendieran el caso.
Llegó la ley
Al conocer lo sucedido, los uniformados se dirigieron inmediatamente hasta el sitio donde encontraron un velomotor calcinado y unos gritos que aun salían de dicha vivienda, por lo que procedieron a ingresar, deteniendo de esta manera al hombre por el delito de daño en bien ajeno. (Le quemó la moto por celos en el municipio de el Pital, Huila).
Proceso legal
Una vez capturado, al hombre se le leyó los derechos que le ofrece la justicia como persona detenida, siendo trasladada hasta la estación policial del municipio para continuar con el respectivo procedimiento, siendo dejado hasta los entes correspondientes, los cuales serán los encargados de definirle su situación judicial.
Angustia municipal
Por su parte, los habitantes del sector se encuentran preocupados y alertados frente a esta situación, pues esperan que las autoridades competentes realicen más patrullaje en la zona para evitar de esta manera que se sigan presentando hechos de intolerancia como este. (Le quemó la moto por celos en el municipio de el Pital, Huila).
Mensaje social
De igual manera los entes de control expresaron a la comunidad la importancia de resolver las diferencias o discusiones a través del dialogo y enmarcados en el respeto, acercándose de igual manera hasta las entidades encargadas para que contribuyan a la solución de los conflictos.
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¿Qué dice la ley?
Según el artículo 265 del Código Penal Colombiano, el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión de dieciséis a noventa meses y multa de seis punto sesenta y seis a treinta y siete punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
