De ser hallada culpable, la capturada podría enfrentar una pena de entre 8 y 20
años de prisión, según lo establecido en el Código Penal colombiano para el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dependiendo de la cantidad
incautada y de posibles agravantes como la reincidencia o el uso de menores en
la actividad ilícita.
En el marco de las acciones de control y prevención contra el microtráfico, la
Policía Nacional capturó en flagrancia a una mujer identificada como Angie Liseth
González Moreno de 25 años, sorprendida con una considerable cantidad de
sustancias ilícitas en zona urbana del municipio de Barranca de Upía, Meta.
Operativo
El operativo se registró en la calle 10 con carrera 3, en vía pública, cuando
uniformados del Servicio de Policía realizaban labores de vigilancia, registro y
control por el sector. En medio de las acciones, observaron la actitud sospechosa
de la ciudadana, por lo que procedieron a practicarle un registro personal. Durante
el procedimiento, los policías hallaron una cantidad considerable de marihuana,
clorhidrato de cocaína, una gramera digital, un armador de cigarrillos y bolsas
plásticas tipo zitploc, elementos comúnmente utilizados para la dosificación y
comercialización de drogas al menudeo.
La mujer fue notificada de sus derechos como persona capturada y, junto con las
sustancias y elementos incautados, fue puesta a disposición de la Fiscalía URI de
Villavicencio por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.
Autoridades
El coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante encargado del
Departamento de Policía Meta, señaló que este procedimiento hace parte de la
estrategia para contrarrestar el microtráfico, una problemática que, según las
autoridades, no solo afecta la salud pública y la seguridad ciudadana, sino que
también está relacionada con el aumento de otros delitos como el hurto, la
violencia intrafamiliar y las riñas.
El microtráfico en municipios como Barranca de Upía se ha convertido en una
amenaza constante, ya que su ubicación geográfica facilita el tránsito de
estupefacientes hacia otras zonas del departamento y el país. Las autoridades han
identificado que los expendedores utilizan viviendas, negocios informales y
espacios públicos para distribuir pequeñas cantidades de droga, afectando
principalmente a jóvenes y adolescentes.
De ser hallada culpable, la capturada podría enfrentar una pena de entre 8 y 20
años de prisión, según lo establecido en el Código Penal colombiano para el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dependiendo de la cantidad
incautada y de posibles agravantes como la reincidencia o el uso de menores en
la actividad ilícita.
