La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fueron demandadas en el marco del proceso judicial que involucra a Carlos Ramón González por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con la acción legal presentada, ambas funcionarias habrían incurrido en la presunta comisión de varios delitos, entre ellos fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento. Estas acusaciones apuntan a supuestas actuaciones irregulares relacionadas con las decisiones tomadas en el proceso que rodea al exdirector del organismo, investigado por su papel en presuntas irregularidades dentro de la Ungrd.
El caso, que ya ha generado un fuerte impacto político y jurídico en el país, pone bajo la lupa la actuación de altos funcionarios del Gobierno y del ente acusador, abriendo un nuevo capítulo en el escándalo que ha sacudido a la administración pública y debilitado la confianza ciudadana en la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias.