La situación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Boyacá sigue siendo un reflejo claro de la ineficiencia administrativa que afecta a muchas instituciones públicas en el país. Los trabajadores de la región han expresado su frustración ante la falta de nombramientos definitivos para los cargos directivos, situación que ya ha perdurado más de dos años y medio desde que el director general, Jorge Eduardo Londoño, dejara a las direcciones regionales y centros de formación en un constante estado de interinidad. Esta prolongada incertidumbre está generando graves inconvenientes en el funcionamiento del SENA, afectando no solo la organización interna, sino también los servicios que deben ofrecer a los ciudadanos.
Lo que más resalta en esta queja es que, a pesar de contar con un equipo altamente capacitado dentro de la institución, compuesto por profesionales con conocimientos sólidos en gestión administrativa, la decisión de asignar cargos directivos por encargo ha recaído generalmente en instructores que carecen de la experiencia necesaria en la parte administrativa. Esta falta de criterio en los nombramientos no solo socava la calidad de la gestión, sino que también perpetúa la inestabilidad al no permitir que los centros de formación se desarrollen bajo una dirección coherente y estable.
En particular, la situación en la Regional Boyacá es preocupante. Los cambios constantes en los subdirectores del Centro Minero son un claro ejemplo de cómo la falta de continuidad y planificación estratégica está perjudicando la operación de la entidad. Con cuatro subdirectores en dos años y medio, cada uno con políticas distintas, se generan reprocesos y desorganización. Este tipo de cambios innecesarios crea un ambiente de trabajo caótico, donde no se puede avanzar con los proyectos y, lo que es peor, se afecta la calidad de los programas de formación que el SENA debe ofrecer.
Además, la reciente decisión de nombrar a una instructora de la Regional Cundinamarca para ocupar un puesto en Boyacá refleja una preocupante falta de confianza en la capacidad de los profesionales locales. Parece que, a pesar de la existencia de talento humano en la región, la dirección del SENA prefiere seguir designando personas ajenas a la problemática local, lo que aumenta la desconexión entre la administración central y las necesidades regionales.
Ante este panorama, los trabajadores del SENA han pedido la intervención de los entes de control, como la Procuraduría, para que investiguen el proceso meritocrático que se llevó a cabo para los nombramientos. Un proceso que costó más de 1.600 millones de pesos y cuyo resultado no ha sido más que una continua rotación de funcionarios sin generar verdaderos cambios estructurales. Este gasto podría representar un grave detrimento al patrimonio público, algo que merece una respuesta clara por parte de las autoridades competentes.
La falta de dirección en el SENA de Boyacá no solo refleja un problema administrativo, sino una desconexión preocupante entre las instituciones públicas y las necesidades reales de la comunidad. Urge que se tomen medidas para resolver esta crisis de interinidad y para que, finalmente, los nombramientos se hagan en base a méritos y capacidades, no a intereses políticos o decisiones apresuradas.
