El paro convocado por campesinos y mineros en Boyacá, que comenzó el lunes 21 de octubre, ha generado severas repercusiones en varios municipios del departamento, evidenciando la urgencia de un diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores afectados. La Federación de Productores de Carbón y Coque de Boyacá (Fedecarboy) ha solicitado la intervención del Gobierno para facilitar este diálogo, asegurando que se deben proteger los derechos de participación ciudadana y encontrar soluciones que favorezcan el progreso de la región.
Secuelas
La situación en Boyacá se ha deteriorado, según datos del Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY) se reportó que diez municipios enfrentan un grave desabastecimiento de combustible, incluyendo Santa Rosa, Sogamoso y Pesca, lo que ha afectado tanto el transporte público como el escolar. En particular, el municipio de Belén ha presentado complicaciones en el transporte público, mientras que Pesca enfrenta dificultades en el transporte escolar.
Además, Puentes destacó que se han represado aproximadamente 140,000 litros de leche en localidades como Belén, Firavitoba, Iza y Tibasosa, afectando la economía local y la disponibilidad de alimentos.
Esta situación se agrava con el represamiento de 210 toneladas de basura en siete municipios, incluyendo Belén, Firavitoba y Santa Rosa de Viterbo, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
El impacto en la movilidad ha sido significativo, con una reducción de 20,432 pasajeros y 6,948 vehículos no despachados en los terminales de transporte de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
Llamado
La comunidad de Boyacá se solidariza con los campesinos y mineros en su lucha por sus derechos laborales y económicos, haciendo un llamado al Gobierno Nacional y a la Contraloría para que realicen un seguimiento efectivo a sus demandas.
Los campesinos han manifestado que no desistirán del paro mientras no se les garantice un lugar de trabajo y los ingresos necesarios para subsistir.
Reconocen que esta movilización representa pérdidas millonarias y afecta el turismo en la región; sin embargo, consideran fundamental su derecho a luchar por políticas que aseguren condiciones laborales dignas y garantías para su actividad productiva.
La situación en Boyacá subraya la necesidad de acciones coordinadas entre el Gobierno y las comunidades para resolver los conflictos que afectan a los campesinos y mineros, garantizando así la estabilidad y el progreso del departamento y del país. La urgencia de este diálogo es evidente, y las autoridades deben actuar con prontitud para mitigar las graves consecuencias del paro y restaurar la normalidad en la región.
También le puede interesar:
