En Jamundí, a pocos kilómetros de Cali, las disidencias de Iván Mordisco han establecido una estructura criminal desafiante que evoca épocas de conflictos pasados en Colombia. La situación, que recuerda la zona de distensión de finales de los noventa, se evidencia con la presencia de retenes en lugares estratégicos, indicando el control de alias ‘Mordisco’ sobre el territorio.
Los habitantes de la zona rural de Jamundí están obligados a portar un carné de movilidad expedido por la columna Jaime Martínez, permitiendo la circulación en el sector. Quienes no lo posean enfrentan multas exorbitantes, secuestros o trabajos forzados relacionados con el narcotráfico. La comunidad rural ha perdido el control, y líderes campesinos señalan que las disidencias son ahora dueñas de sus vidas.
El control se extiende a la movilización de personas externas, quienes deben obtener un permiso directamente de las FARC mediante una carta que explique el motivo de su ingreso al territorio. Ciclistas fueron retenidos recientemente por no contar con el permiso adecuado.
En medio de esta situación, las Fuerzas Armadas también enfrentan dificultades para movilizarse en la zona, y se informa de manipulaciones por parte de las FARC para generar disturbios. Datos de la Comisión de Verificación revelan más de 200 ‘retenciones’ en 2024, con 11 casos de secuestro prolongado y un asesinato, evidenciando la violencia despiadada de las disidencias.
La comunidad y líderes locales claman por una intervención efectiva del Estado para retomar el control y restablecer el orden democrático en Jamundí. La situación, además de presentar un desafío a la seguridad nacional, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y garantizar la ley y el orden en regiones afectadas por grupos criminales.
