En un país que aún lucha por consolidar la paz, las recientes oleadas de violencia en el suroccidente y oriente de Colombia nos recuerdan que la guerra aún no ha terminado. Las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han intensificado sus acciones, sembrando el terror y el caos en regiones ya golpeadas por décadas de conflicto armado. Mientras, el país enfoca su atención en los violentos incidentes en Cauca, Valle del Cauca y Arauca. La situación de orden público sigue deteriorándose a nivel nacional.
Mira Colaboro con el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’
Los hostigamientos en Cauca y la detonación de una moto bomba en Jamundí. Pone en evidencia la creciente audacia de las disidencias de las FARC, específicamente del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (EMC). Estos eventos no solo generan un clima de inseguridad en la región, sino que también ponen en riesgo eventos internacionales como la COP 16 y la Copa Mundial Femenina, que se llevarán a cabo en Cali.
Exigen acciones más contundentes
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La respuesta de las autoridades locales, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha sido clara: exigen acciones más contundentes del Gobierno Nacional. La petición de Eder para reactivar los bombardeos a campamentos de disidencias refleja la desesperación y la necesidad de una política de seguridad más agresiva.
Mientras tanto, en el oriente del país, Arauca sigue siendo un epicentro de violencia. A pesar de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, este grupo armado continúa su dominio territorial y sus ataques constantes. La congresista Lina María Garrido ha denunciado la falta de atención del Gobierno Petro hacia su departamento. Destacando que los araucanos viven bajo la amenaza constante de muertes, secuestros y extorsiones. La frustración es palpable y la percepción de abandono por parte del Estado es total en la población que sufre diariamente las inclemencias de una guerra que parece no tener fin.
La situación en el suroccidente y el oriente del país no debe ser vista de manera aislada. Estos ataques reflejan una crisis de seguridad nacional que requiere una respuesta integral y coordinada. El llamado es claro: el Gobierno Nacional debe actuar con rapidez y determinación. La protección de los ciudadanos y el restablecimiento del orden deben ser prioridades absolutas. Los colombianos merecen vivir sin miedo y en un país donde la paz no sea solo una promesa, sino una realidad tangible.
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