Mientras que las autoridades adelantan todas las investigaciones relacionadas con la emboscada ocurrida en Buenos Aires Cauca, las disidencias de Farc expidieron un comunicado en el que intentan justificar la masacre. En un extenso mensaje, aseguran que todo obedece a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha militarizado varias regiones del país.
Los organismos de inteligencia del Estado tratan de descifrar quién es el cabecilla que ordenó la emboscada en contra el Ejército en Buenos Aires, Cauca, que dejó a seis soldados regulares asesinados. Entre los nombres está el de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, quien habría reemplazado a alias ‘Mayimbú’, muerto en operaciones militares.
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“Colombia debe saber que todas estas acciones responden al asedio militar que existe sobre nuestras unidades y los pocos avances que hay en el proceso de acercamiento y conversaciones con las Farc-EP. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro vimos con esperanza la posibilidad de iniciar un diálogo sobre lo estructural que nos llevaría a identificar y superar las causas reales de la persistencia del conflicto en Colombia”, señala el documento.
Agregan que “asistimos a la primera y única reunión con delegados del Gobierno nacional, luego de esta reunión solo hemos visto los avances en los planes militares contra nuestra comandancia, el despliegue de comandos especiales, francotiradores, de mercenarios extranjeros que están detrás de las recompensas ofrecidas por el Gobierno y la cancelación injustificada de dos reuniones con los delegados del Estado Mayor Central que definimos oficialmente para que asuman los acercamientos, llegando al punto de atender de “manera informal” una reunión que debió ser oficial, ante la tensión militar que existe contra las Farc-EP”.
Dicen que a través de varios mecanismos han buscado la manera de tener acercamientos concretos con la Comisión de Paz del Senado y con el Ejecutivo para superar los problemas que se presentan, por ejemplo, en Arauca, pero que no han tenido eco.
“Hemos manifestado nuestra disposición a entregar a dos paramilitares y un soldado que están en categoría de prisioneros de guerra retenidos por nuestra organización, ante esto solo hemos presenciado un silencio, que se rompe una y otra vez con los sonidos de una guerra que desde hace años solo apunta los cañones contra las Farc-EP”, apunta el comunicado de las disidencias de las Farc.
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Además, cuestionan que el Gobierno del presidente Petro haya sellado conversaciones con otros grupos armados en Nariño y Buenaventura.
“Hemos sostenido una guerra contra el paramilitarismo, valoramos la remoción de muchos generales inmersos en la reproducción de viejas prácticas de promoción, fortalecimiento o colaboración con dichos grupos, pero en muchas zonas, aún persisten alianzas entre paramilitares y militares. Contrario a esto se ha mostrado públicamente los avances en conversaciones con los paramilitares en Nariño y las bandas dedicadas al narcotráfico en Buenaventura”.
En el comunicado aseguran que no desistirán de la idea de una salida negociada al conflicto, pero que eso no significa que dejarán de operar en las regiones donde hacen presencia, porque “la única salida no puede ser la vieja fórmula de la militarización de territorios, es momento de revisar internamente y corregir los errores, superar las dificultades y avanzar sobre la quietud que impone el Alto Comisionado para la Paz”.
Diferentes sectores políticos han dicho que con estas actuaciones de las disidencias de Farc se está poniendo en duda su verdadera voluntad de paz y que el Gobierno del presidente Gustavo Petro debería replantear la posibilidad de incluir a este grupo ilegal en la política de ‘paz total’.
