El precio de contradecir al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece ser cada vez más alto, según denuncias recientes de excolaboradores, periodistas y analistas políticos que han enfrentado despidos, censura y un peligroso giro en la narrativa pública. En un contexto político polarizado, quienes se han atrevido a desafiar o a cuestionar las afirmaciones de Trump han visto cómo sus carreras y reputaciones se ven seriamente afectadas, generando una nueva forma de controlar el discurso y la información en la esfera pública.
En los últimos años, varios funcionarios que trabajaron en la administración Trump o en medios de comunicación pro-Trump han reportado consecuencias severas tras manifestar desacuerdos con las políticas y declaraciones del exmandatario. Estos casos no solo involucran despidos y despensas profesionales, sino también campañas de desinformación y ataques personales dirigidos a silenciar cualquier forma de oposición.
El fenómeno se extiende más allá del ámbito de los medios de comunicación. El exmandatario ha generado un cambio narrativo en el que su versión de los hechos se presenta como la única legítima, y quienes se apartan de ella son tildados de «enemigos del pueblo». Este tipo de retórica ha sido especialmente evidente en las redes sociales, donde Trump y sus seguidores han utilizado plataformas como Twitter y Facebook para promover campañas de desinformación, acusando a aquellos que no coinciden con su visión de la realidad de ser parte de un supuesto «establishment corrupto».
