La Contraloría del Tolima salió a desmentir los rumores que circulaban en diferentes municipios acerca de supuestas auditorías con intereses políticos. La contralora Carolina Giraldo Velásquez aseguró que dichos señalamientos son falsos y que todas las revisiones hacen parte del Plan de Vigilancia 2025, el cual fue definido desde comienzos de año. El propósito, dijo, es garantizar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de las entidades territoriales.
Giraldo Velásquez enfatizó que las auditorías en curso se desarrollan bajo criterios técnicos y objetivos, sin responder a presiones externas ni actuaciones especiales. Actualmente se adelantan auditorías de cumplimiento en Coyaima y Carmen de Apicalá, concentradas en los procesos contractuales de la vigencia 2024. Estos controles, de carácter posterior y selectivo, incluso pueden extenderse hasta cinco vigencias anteriores, siempre con autorización y supervisión técnica.
La funcionaria explicó que una auditoría de cumplimiento, según lo establecido en la Ley 42 de 1993 y la Resolución Orgánica 7434 de 2013, busca verificar que las entidades territoriales cumplan las disposiciones legales y contractuales que rigen su gestión. Se evalúa la legalidad y correcta ejecución de contratos, la eficiencia en el uso de recursos públicos y el respeto a los principios de la función pública.
Finalmente, la Contraloría del Tolima reiteró su compromiso con la transparencia y aclaró que estos procesos son herramientas de control fiscal, no instrumentos de persecución política.
