La violencia que no conmueve al poder

El año 2026 apenas comienza y el Cauca ya carga con una cifra que debería estremecer a
cualquier Estado que se precie de proteger la vida: dos masacres en menos de un mes. Dos
episodios de horror en un territorio que, tristemente, se ha acostumbrado a contar muertos
mientras el país parece mirar hacia otro lado.
No se trata de hechos aislados ni de “situaciones coyunturales”, como suelen llamarlas los
comunicados oficiales. Son la continuidad de una violencia estructural que lleva décadas
enquistada en los municipios caucanos, especialmente en las zonas rurales, donde la
presencia del Estado sigue siendo más discursiva que real. Allí, donde la ley llega tarde o
no llega, los fusiles hablan primero.
Lo más doloroso es la sensación de abandono. El Cauca no es una región invisible por falta
de representación política. Hoy el país tiene una vicepresidenta nacida en esta tierra, una
mujer que ha hecho de la defensa de los territorios y de la vida su bandera histórica. Sin
embargo, para muchas comunidades, esa cercanía simbólica no se ha traducido en
protección efectiva, ni en cambios reales en la cotidianidad marcada por el miedo.
¿De qué sirve el reconocimiento nacional e internacional si en los corregimientos siguen
enterrando jóvenes, líderes sociales y campesinos? ¿Cómo explicarles a las familias que
lloran a sus muertos que hay planes, mesas técnicas y diagnósticos, mientras los armados
continúan disputándose el control del territorio como si la vida no valiera nada?
El Cauca sigue siendo escenario de masacres porque confluyen todos los factores que el
Estado no ha sabido —o no ha querido— resolver: economías ilegales, abandono social,
falta de oportunidades, ausencia institucional y una respuesta de seguridad que llega
cuando el daño ya está hecho. Aquí no se necesita solo más fuerza pública; se necesita una
política integral que vaya más allá del anuncio y la promesa.
Resulta indignante que, con cada nueva masacre, el ritual sea el mismo: rechazo en redes
sociales, un consejo de seguridad, un comunicado de condolencias y luego el silencio. El
país se acostumbra rápido al dolor ajeno cuando ese dolor ocurre lejos de las grandes
ciudades. El Cauca duele, pero no incomoda.
Mientras tanto, las comunidades viven entre el temor y la resignación. Los niños crecen
normalizando el sonido de los disparos, los líderes sociales caminan con sentencia
anticipada y las familias aprenden a sobrevivir sin garantías mínimas. Esa es la verdadera
tragedia: la normalización de la muerte.
El Cauca no necesita lástima ni discursos simbólicos. Necesita presencia estatal real,
inversión social sostenida y decisiones firmes que prioricen la vida por encima de cualquier
cálculo político. Dos masacres en lo que va del 2026 no son solo cifras: son un grito de
auxilio que el país no puede seguir ignorando.
Porque cuando un territorio sigue sangrando, aun teniendo voz en el poder, la pregunta es
inevitable: ¿quién está fallando y hasta cuándo?