Los actos de violencia contra los menores en Boyacá reflejan una profunda crisis moral y social. La violación y el asesinato de niñas y niños no solo destruyen vidas, sino que revelan una alarmante indiferencia hacia la protección de los más vulnerables. Si bien los culpables deben enfrentar el peso total de la justicia, centrar el debate exclusivamente en el castigo ignora un punto crucial: la prevención, la desprotección de los niños no es una responsabilidad individual, sino un problema estructural que involucra a familias, instituciones y a la sociedad en su conjunto. La violencia infantil no surge de la nada. Es producto de entornos marcados por hogares desintegrados, comunidades violentas y un sistema que responde tarde y de manera insuficiente. Ante este panorama, se requiere un cambio estructural que priorice el bienestar infantil: desde políticas públicas que garanticen educación, protección y oportunidades, hasta un enfoque que promueva el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Cada caso de violencia contra un las niñas y niños debería generar un llamado a la acción inmediata. Sin embargo, la indiferencia colectiva perpetúa un ciclo de abandono e injusticia. La sociedad no puede darse el lujo de fallar en la protección de su infancia. No atender esta problemática implica condenar el presente y el futuro del departamento.
