Imagen: LEAN DAVAL JR/REUTERS
La Cámara Baja otorgó el visto bueno a un procedimiento de destitución contra Sara Duterte, lo que implica el inicio de un juicio político en el Senado previsto para junio.
Este viernes (07.02.2025), la vicemandataria de Filipinas, Sara Duterte, descartó dimitir antes del comienzo del próximo junio de su proceso político en el Senado. Estas fueron sus primeras declaraciones tras la aprobación de la Cámara Baja del Congreso para un proceso de destitución.
«Aún no hemos alcanzado ese nivel, ese tipo de situaciones aún están muy alejadas», declaró la hija del exmandatario Rodrigo Duterte, al ser cuestionada en una conferencia de prensa acerca de si pensaba en dimitir.
Frente al presidente de Filipinas y su ex aliado Ferdinand Marcos Jr., la vicepresidenta sostuvo que su equipo jurídico ha estado preparando un proceso de destitución «desde el instante» en que la congresista France Castro reveló sus intenciones en torno a ello en 2023.
Sara Duterte ha sido impugnada por, entre otras acusaciones, el uso indebido de 254 millones de pesos (cerca de 4,3 millones de dólares) provenientes de fondos reservados del Departamento de Educación, cargo que ocupaba hasta su dimisión en junio pasado.
El procedimiento de destitución, aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Representantes de Filipinas, incluye también las polémicas declaraciones de la vicepresidenta en diciembre pasado, cuando sostuvo haber ordenado asesinar al presidente si ella misma fuera asesinada.
«No amenacé con asesinar al presidente», defendió Duterte de nuevo este viernes, retomando su argumentación de que las órdenes dependen de su propia muerte y por lo tanto no representan una amenaza grave.
Amenazas de muerte
Estas presuntas amenazas de muerte marcaron el punto culminante del conflicto entre la vicepresidenta y el hijo del difunto dictador Ferdinand Marcos, tras una eficaz campaña presidencial en 2022.
La validación del procedimiento de destitución en la Cámara Baja implica el inicio de un juicio político contra Duterte en el Senado, que no se iniciará hasta junio del próximo año, según declaró ayer su líder, Francis Escudero.
Así, el procedimiento comenzará tras las elecciones a medio mandato del 12 de mayo próximo, en las que se elegirán doce puestos en el Congreso superior y la totalidad de la Cámara de Representantes.
Se considera a los comicios como un referéndum contra la administración de Ferdinand Marcos Jr., aunque también funcionarán como una evaluación de la popularidad de la familia Duterte.
Si el juicio político resultara exitoso, Duterte sería expulsada de su posición de vicepresidenta y quedaría inhabilitada para desempeñar un cargo público, lo que le impediría postularse como candidata a la presidencia de la nación en 2028.
