El 18 de noviembre de 2006, una diligencia cotidiana se convirtió en tragedia. José Gregorio Cárcamo Vargas, campesino y padre de familia en San Agustín, desapareció tras salir a comprar leche. Durante 19 años, su familia vivió en la incertidumbre, hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la verdad: había sido asesinado y presentado ilegítimamente como un supuesto extorsionista muerto en combate.
El hallazgo hace parte del Subcaso Huila del Caso 03, donde se investigan asesinatos y desapariciones cometidos por la fuerza pública entre 2005 y 2008, presentados fraudulentamente como bajas en combate. En este proceso, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 comparecientes, señalados como responsables de más de 200 homicidios, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.
Impunidad prolongada
El caso de Cárcamo refleja la política que disfrazó víctimas inocentes bajo el discurso de la “seguridad democrática”. Las imputaciones a militares de alto rango evidencian que, mientras se exhibían supuestos éxitos operativos, decenas de familias enterraban a sus seres queridos en silencio y sin respuestas.
Yonaira Murcia, compañera de vida de José Gregorio, pudo darle al fin un entierro digno, cerrando un ciclo de dolor y exigencia. Sin embargo, la verdad llega tarde: casi dos décadas después, el reconocimiento estatal resulta insuficiente frente al tamaño de la herida.
Memoria y justicia
La entrega digna representa un acto reparador, pero no borra la deuda del Estado con las víctimas. Cada cuerpo recuperado recuerda que la violencia no puede justificarse bajo ningún uniforme. El caso de José Gregorio no solo marca el cierre de un duelo familiar: es un llamado a la conciencia colectiva y a la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y firmeza.
