Desde el Acuerdo de Paz en 2016, Colombia se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con 248 líderes asesinados, según la ONU.
Estos activistas se enfrentan a amenazas constantes de grupos armados y actores ilegales que buscan explotar los recursos naturales sin oposición. La minería ilegal, la deforestación y la expansión de actividades extractivas han intensificado los conflictos por la tierra, mientras que la impunidad y la falta de protección estatal agravan el riesgo para quienes alzan su voz por la naturaleza.
Esta crisis refleja un panorama oscuro para quienes luchan por preservar el medio ambiente en medio de intereses económicos y la violencia. Los líderes, muchos de ellos indígenas o campesinos, se ven desprotegidos, y las comunidades sufren las consecuencias de esta guerra no declarada contra los defensores de la vida y el ecosistema. Es urgente que el Estado refuerce las medidas de protección y ponga fin a la impunidad para prevenir más muertes.
Además, organizaciones internacionales han instado a Colombia a implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de estos líderes, reconociendo que su labor es vital no solo para sus territorios, sino para el planeta entero.
