El Congreso de la República eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, quien culmina su periodo en este mes, lo que generó inmediatas reacciones en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro había advertido que, si no resultaba elegida María Patricia Balanta, reestructuraría su equipo de Gobierno, y tras la votación cumplió su advertencia solicitando la renuncia de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, de las TIC, Julián Molina, y de Comercio, Diana Marcela Rojas. Esta decisión demostró cómo la confrontación política se trasladó rápidamente al ámbito administrativo, intensificando la polarización y debilitando los canales de confianza institucional en medio de un ambiente de crispación.
Remezón ministerial profundizó la crisis de gobernabilidad
El jefe de Estado utilizó los cambios ministeriales como estrategia para recomponer alianzas políticas en el Congreso, después de que varias colectividades como el Partido Verde, La U y el Liberal no respaldaran la aspiración de Balanta. Estas modificaciones incrementaron la ya extensa lista de ministros reemplazados en tres años de Gobierno, que asciende a 57 desde 2022 y podría alcanzar los 60 con las nuevas dimisiones. Expertos en administración pública advirtieron que el relevo constante genera lentitud en la ejecución de programas, reduce la credibilidad del Gobierno y obstaculiza la implementación de proyectos estratégicos, justo cuando restan once meses de mandato.
Expertos alertaron sobre impactos económicos y empresariales
El profesor Alejandro Useche, de la Universidad del Rosario, aseguró que la inestabilidad política y los constantes cambios en el gabinete generan un clima adverso para los negocios y la inversión. Explicó que la toma de decisiones basadas en criterios políticos, sumada a la confrontación entre partidos, frena proyectos, deteriora la confianza de los empresarios y limita la generación de empleo en condiciones adecuadas. Además, afirmó que la polarización política influye directamente en el bajo crecimiento económico y en los débiles resultados sociales, lo que representa un obstáculo adicional para el Gobierno en su propósito de ejecutar planes de desarrollo.
Agenda legislativa enfrenta un escenario incierto
El Congreso debe tramitar en los próximos meses el Presupuesto General de la Nación por $557 billones y una nueva reforma tributaria con la que el Gobierno busca recaudar $26,3 billones, pero la tensión política podría frenar estos proyectos. Analistas consideran que, con un ambiente de confrontación, la aprobación de nuevas reformas se vuelve incierta, y los sectores económicos enfrentan mayores dudas sobre la estabilidad jurídica y la viabilidad de las medidas fiscales propuestas. En ese contexto, la confrontación política, los relevos ministeriales y el clima legislativo adverso conforman un panorama de inestabilidad que amenaza la inversión, la confianza empresarial y el desarrollo económico en Colombia.
