La situación del hambre en Antioquia empeora. Según los últimos datos del DANE con base en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO, en 2024, más de 345.000 personas en el departamento enfrentaron inseguridad alimentaria grave. Esto representa un alarmante aumento respecto al año anterior, cuando la cifra era de 211.000.
Antioquia, a pesar de ser la segunda economía del país, presenta indicadores similares a los de departamentos históricamente afectados como Chocó, Guainía y Vaupés. La inseguridad alimentaria moderada o grave subió del 21,6 % en 2023 al 27,9 % en 2024. Esta situación refleja que miles de hogares no pueden acceder de forma constante a una alimentación suficiente y saludable.
El gobierno de Andrés Julián Rendón había anunciado con fuerza su programa contra el hambre, destinando gran parte del recaudo del impuesto vehicular para combatir la desnutrición. Aun así, los avances parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. Expertos como Mónica Ospina, de Antioquia Cómo Vamos, advierten que la inversión debería focalizarse en poblaciones críticas como niños pequeños, adolescentes y adultos mayores. Para atender adecuadamente a estas más de 500.000 personas vulnerables, se estima que se requieren $1,8 billones.
Gobernación responde: “Estamos salvando vidas”
Ante las cifras preocupantes, la Gobernación defiende sus esfuerzos. Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales, asegura que el impacto de los datos también refleja falencias heredadas del gobierno anterior y la falta de atención del ICBF a 90.000 niños en los primeros meses de 2024.
La administración actual, dice Londoño, ha priorizado frenar las muertes por desnutrición aguda. En 2023, 17 niños murieron por esta causa; en 2024 la cifra bajó a 14. Para el 20 de mayo de este año, las muertes por hambre se habían reducido en un 75 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El plan de choque incluyó la entrega de paquetes alimentarios a 4.900 niños en riesgo y luego se amplió con el programa Arrullos, que atiende hoy a 12.000 personas en 53 municipios. Esta estrategia ofrece alimentos, atención médica, apoyo psicosocial y formación a madres y cuidadores. La meta es llegar a 40.000 beneficiarios para 2027.
En total, el gobierno asegura haber invertido más de $400.000 millones en la lucha contra el hambre, incluyendo la ampliación del PAE para 303.000 estudiantes, la creación del PAE indígena, y ayudas económicas para adultos mayores y manipuladoras de alimentos.
Según la Gobernación, el enfoque no es asistencialista, sino integral. Aunque el panorama sigue siendo complejo, insisten en que el objetivo principal de su estrategia —salvar vidas— ya está dando resultados tangibles.
