La Reforma Pensional, una ley impuesta

Lejos de ser una solución, amenaza con desestabilizar el sistema económico y social de Colombia. Las demandas ante la Corte Constitucional serán cruciales para determinar si esta reforma podrá sobrevivir a los escrutinios legales y sociales. Mientras tanto, los colombianos deben permanecer vigilantes y críticos ante los cambios que afectan directamente su futuro y bienestar.
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La reciente sanción de la reforma pensional por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un tsunami de controversias y críticas. Particularmente por parte de la oposición encabezada por el Centro Democrático.

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Esta reforma, que introduce un sistema de pilares y obliga a los colombianos a cotizar en Colpensiones. Ha sido señalada por sus críticos como una amenaza para la estabilidad macroeconómica del país y una violación a la libertad de elección de los ciudadanos.

Uno de los puntos más polémicos es la forma en que esta ley fue aprobada. La oposición argumenta que la aprobación en la Cámara de Representantes fue irregular y antidemocrática. Según la senadora Paloma Valencia, el texto aprobado en el Senado fue acogido sin un debate adecuado en la Cámara. Lo que constituye una clara violación de la jurisprudencia constitucional. Además, la ley otorga facultades al Gobierno para decidir el régimen pensional de una significativa porción de la población, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes, sin una clara estimación de costos.

La Reforma Pensional

La reforma no solo ha sido criticada por su proceso de aprobación, sino también por sus implicaciones económicas. Según los opositores, la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones y la falta de claridad sobre los impuestos a las pensiones podrían desestabilizar el sistema económico del país. El representante Óscar Villamizar ha señalado que el trámite de la reforma estuvo viciado y vulneró los derechos de deliberación y publicidad, describiendo la aprobación como “arbitraria e inconstitucional”. La oposición también ha acusado al Gobierno de mentir y manipular la información para asegurar la aprobación de la reforma.

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El senador Miguel Uribe y otros miembros del Centro Democrático han afirmado que la reforma es una imposición despótica del Gobierno, diseñada para asegurar recursos financieros a expensas de los ciudadanos. Estas acusaciones son respaldadas por declaraciones de representantes como Andrés Forero. Quien sostiene que el debate en la plenaria de la Cámara fue “robado” y el principio de publicidad violado. Una de las preocupaciones más destacadas es el impacto de la reforma en las futuras generaciones. La senadora Paloma Valencia ha enfatizado que la ley no permite a los jóvenes acceder a una pensión en el futuro. Un problema que se agrava con la eliminación de la competencia de los fondos privados de pensiones.


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