Por: David Ríos
Pocas discusiones han generado tanta polarización como la reforma al sistema de salud en Colombia. Y no es para menos: se trata de un tema que toca directamente la vida, la dignidad y la tranquilidad de millones de personas. El problema es que el debate se ha movido más por el miedo que por la claridad.
Es innegable que el sistema de salud actual tiene fallas profundas. Las demoras interminables, la negación de servicios, la quiebra de hospitales públicos y el desgaste de los profesionales de la salud son síntomas de un modelo que necesita ajustes urgentes. Defender el statu quo como si fuera perfecto es tan irresponsable como destruirlo sin una transición clara.
El temor principal frente a la reforma es la incertidumbre. Muchos colombianos sienten que se les está pidiendo un salto al vacío, sin garantías suficientes de que el nuevo modelo funcionará mejor que el anterior. La comunicación del Gobierno ha sido deficiente: más ideológica que técnica, más confrontacional que pedagógica. Cuando se habla de salud, la soberbia política sobra.
La eliminación o reducción del papel de las EPS ha generado ansiedad, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos continuos. Para ellos, cualquier interrupción puede significar un retroceso grave en su calidad de vida. Una reforma responsable debería priorizar a estas poblaciones y asegurar que nadie quede en el limbo mientras el sistema se reorganiza.
Por otro lado, también es cierto que hay intereses económicos que se resisten a perder privilegios. No todo rechazo a la reforma es altruista ni toda crítica es desinformada. En medio del ruido, el ciudadano común queda atrapado entre discursos extremos que no siempre reflejan su realidad cotidiana.
La salud no debería ser un campo de batalla ideológico. Debería ser un acuerdo nacional mínimo. Reformar no es sinónimo de destruir, pero tampoco de maquillar. Colombia necesita una reforma que combine control estatal efectivo, eficiencia administrativa y participación privada bien regulada. Lo que no necesita es una apuesta a ciegas.
El miedo no puede ser el motor de las decisiones, pero tampoco puede ser ignorado. Escuchar a los pacientes, a los médicos y a los expertos no es una concesión política, es una obligación ética. Porque cuando la salud falla, no hay discurso que la cure.
