En la noche del miércoles 26 de enero se generó una reunión en la Casa de Nariño entre la Alcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro. En dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo debido a que el mandatario de Colombia insiste en que la primera lineal del metro debe ser subterráneo.
Sin embargo, de dicha reunión se sacaron unas conclusiones sobre las cuales se pronunció la Procuraduría General de la Nación en la ultimas horas. En este sentido el consorcio, encargado de la obra, descartó cuatro opciones presentadas por el gobierno y planteó una adición del 50 % del valor original para una línea del metro subterránea con 3.9 kilómetros más y una capacidad de 20.000 pasajeros adicionales.
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Además, en la reunión también se dejó sobre a mesa un posible sobre costo que traerían los cambios y un atraso en las obras. De esta manera se tendría que desembolsar entre 8 y 17 billones más y las obras no terminaron en 2028 como están planteadas sino en 2035.
Por esta razón, la Procuraduría en Cabeza de Margarita Cabello, se pronunció en un comunicado en su pagina oficial. «los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado» indicó la entidad.
En este sentido, la Procuraduría, anunció que estará al pendiente de lo que ocurra en la primera línea del metro. «El ente de control revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión», asi lo dio a conocer la entidad en el comunicado.
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