La Procuraduría abrió investigación a la exsecretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía de Villavicencio, Maritzabel Ramírez Gómez, por presuntas irregularidades en el contrato 871 de 2016 por $1.998 millones para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza.
La decisión de la Procuraduría Provincial de Villavicencio también involucró al interventor del contrato suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía (Corsoculdeorinoquía), Julián Andrés Vargas Álvarez.
El ente de control investiga las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de falsedad al certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual.
A Vargas Álvarez se le investiga por presuntamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio; además de la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.