En medio del avance del proyecto de “paz total”, el Gobierno Nacional estaría considerando una figura jurídica que permitiría a capos del narcotráfico acceder a beneficios como la libertad condicional, siempre que se sometan a un proceso de justicia transicional y colaboren con la verdad y reparación a las víctimas. Aunque la propuesta aún está en discusión y no representa una decisión definitiva, sectores políticos y sociales ya han encendido las alarmas por lo que consideran un mensaje de impunidad para los grandes responsables del conflicto armado y el narcotráfico. El Ministerio de Justicia ha insistido en que cualquier beneficio estaría condicionado a compromisos claros con la no reincidencia y la contribución efectiva a la reconciliación nacional.
Esta posibilidad ha reavivado tensiones entre quienes ven en la paz total una estrategia audaz para cerrar ciclos de violencia prolongada, y quienes la perciben como una concesión excesiva a criminales que se enriquecieron del dolor ajeno. Organizaciones de víctimas y algunas fuerzas políticas de oposición advierten que no se puede equiparar a los actores políticos del conflicto con estructuras netamente criminales como los carteles del narcotráfico. Por su parte, desde el alto gobierno se argumenta que muchos de estos grupos hoy tienen control territorial y capacidad de fuego, por lo cual incluirlos en procesos de sometimiento podría ser un paso clave para desescalar la violencia en regiones históricamente golpeadas.
