Un reciente bombardeo militar en Guaviare, ordenado por el presidente Gustavo Petro, ha desatado un fuerte debate político y ético. Según informes oficiales, al menos siete menores de edad murieron en la operación, lo que ha llevado a una oleada de críticas que golpean directamente uno de los pilares simbólicos del petrismo: la defensa de los derechos humanos.
Petro, en su defensa, ha admitido que fue una “decisión riesgosa”, pero argumenta que actuó para proteger a 20 soldados que, según él, estaban en peligro de emboscada por un grupo armado de alrededor de 150 disidentes. Asegura que el bombardeo era la única opción para evitar una masacre de tropas.
Para el primer mandatario, aunque lamenta la pérdida de menores, se trataba de “combatientes”, no civiles, basando su postura en interpretaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
No obstante, defensores de derechos humanos y algunos analistas discrepan: afirman que la inteligencia militar no fue lo suficientemente precisa como para garantizar la protección de los menores, y que no se respetaron plenamente los principios de distinción y proporcionalidad del DIH.
Además, el caso revive contradicciones profundas en el discurso de Petro: cuando era senador, criticó duramente bombardeos similares y los calificó como “crímenes de guerra”; ahora, al frente del Ejecutivo, ha defendido la acción aérea como una medida necesaria para recuperar territorio y proteger a sus tropas.
La muerte de estos menores pone nuevamente sobre la mesa la urgente discusión sobre el reclutamiento infantil. La evidencia sugiere que grupos al margen de la ley han utilizado a niños como combatientes, una práctica que había sido advertida por entidades como la Defensoría del Pueblo y que, según críticos, no ha sido enfrentada con suficiente prevención por parte del Estado.
Este episodio también ha generado presión sobre el Ministerio de Defensa y el propio Petro: la Defensoría ha insistido en que se respete el DIH, mientras que algunos congresistas advierten que existe un doble discurso moral que socava la legitimidad del Gobierno y su promesa de “paz total”.
