Un reciente bombardeo militar en Guaviare, ordenado por el presidente Gustavo Petro, ha desatado un fuerte debate político y ético. Según informes oficiales, al menos siete menores de edad murieron en la operación, lo que ha llevado a una oleada de críticas que golpean directamente uno de los pilares simbólicos del petrismo: la defensa de los derechos humanos.
Petro, en su defensa, ha admitido que fue una “decisión riesgosa”, pero argumenta que actuó para proteger a 20 soldados que, según él, estaban en peligro de emboscada por un grupo armado de alrededor de 150 disidentes. Asegura que el bombardeo era la única opción para evitar una masacre de tropas.
Para el primer mandatario, aunque lamenta la pérdida de menores, se trataba de “combatientes”, no civiles, basando su postura en interpretaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
