La ausencia de la funcionaria en plena congestión administrativa desata críticas por decisiones que, según líderes sociales, profundizan el deterioro institucional.
La Personería Municipal de Popayán atraviesa una coyuntura crítica marcada por cuestionamientos políticos y malestar ciudadano. En medio de un panorama de trámites represados, escasez de personal y fallas en la atención al público, se confirmó que la personera Lina María Muñoz Reyes estará fuera de la ciudad del 24 al 26 de noviembre para participar en un evento en Barranquilla. La decisión ha sido interpretada como un gesto de desconexión con las necesidades urgentes del municipio, alimentando la percepción de abandono institucional.
Las denuncias apuntan a que la entidad opera con un déficit operativo que afecta directamente a quienes buscan orientación en asuntos de salud, servicios públicos y vulneración de derechos. La falta de contratistas clave ha dejado a los usuarios frente a trámites demorados, respuestas incompletas y ventanillas que no ofrecen soluciones efectivas. Este debilitamiento interno contrasta con la disponibilidad de recursos para cubrir gastos de viaje, situación que ha generado un debate sobre la prioridad que la institución otorga a sus responsabilidades esenciales.
Entre los servicios más golpeados se encuentran la recepción de reclamos contra las EPS, el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, la orientación jurídica para población vulnerable y la vigilancia sobre el comportamiento de servidores públicos de la administración municipal. Para líderes sociales, estas falencias son la muestra de una administración que no ha logrado responder al mandato de proteger derechos y ejercer control oportuno.
El viaje de la personera reaviva cuestionamientos sobre el rumbo político de la entidad. Durante el último año, la ciudadanía ha expresado preocupación por la falta de posicionamientos frente a irregularidades públicas y la ausencia de resultados concretos que respalden la labor del órgano de control. La acumulación de denuncias sin resolver ha reforzado la idea de una institución que perdió liderazgo y claridad de propósito.
La discusión trasciende la legalidad del desplazamiento y se centra en su pertinencia ética: ¿Cómo justificar una agenda externa cuando la entidad enfrenta una crisis interna que afecta de manera directa a la población que debe proteger?
