Por: David Ríos
Hablar de la “paz total” en Colombia es hablar de una promesa profundamente emotiva. Después de décadas de conflicto armado, cualquier iniciativa que apunte a silenciar los fusiles despierta ilusión. Sin embargo, la paz no puede sostenerse únicamente sobre buenas intenciones ni discursos cargados de simbolismo. La realidad del país exige una mirada más crítica y responsable sobre cómo se está implementando esta política.
El principal problema de la paz total no es su objetivo, sino su ejecución. Negociar simultáneamente con múltiples actores armados —grupos guerrilleros, disidencias, bandas criminales— ha generado una sensación de improvisación y desorden institucional. En muchas regiones, los ceses al fuego han sido interpretados por los grupos armados como permisos tácitos para fortalecerse, ampliar control territorial y seguir extorsionando a comunidades que, paradójicamente, son las que más anhelan la paz.
Mientras desde Bogotá se habla de diálogos y mesas de negociación, en zonas como el Cauca, el Catatumbo o el Chocó la población sigue viviendo confinamientos, desplazamientos forzados y amenazas constantes. La paz, para estas comunidades, no se mide en comunicados oficiales sino en la posibilidad real de vivir sin miedo. Cuando esa sensación no llega, el discurso de la paz comienza a sonar lejano, incluso ofensivo.
Otro punto preocupante es la debilidad del Estado para ocupar los territorios donde supuestamente avanza la paz. Sin inversión social, sin presencia institucional sólida y sin oportunidades económicas reales, cualquier acuerdo se queda en el papel. La historia reciente ya nos ha enseñado que desarmar actores sin transformar las condiciones estructurales del conflicto es una receta para el reciclaje de la violencia.
La paz total no puede convertirse en una excusa para tolerar el crimen ni para relativizar la autoridad del Estado. La justicia transicional debe ser equilibrada: ofrecer salidas negociadas, sí, pero sin enviar el mensaje de que delinquir sale barato. De lo contrario, el costo político y social lo pagan los ciudadanos honestos.
Creer en la paz es necesario. Pero creer ciegamente en una estrategia que no corrige sus errores es irresponsable. Colombia no necesita una paz narrativa, sino una paz tangible, medible y verificable. La verdadera paz no se anuncia: se construye con decisiones firmes, presencia estatal y, sobre todo, respeto por las víctimas que no pueden esperar indefinidamente a que la esperanza se materialice.
