¿Qué ocurrió en Goma el 30 de agosto y después?
En la madrugada del 30 de agosto, soldados de la Guardia Republicana y otras unidades del ejército asaltaron una iglesia y una emisora de radio pertenecientes a un grupo religioso conocido como Agano la Uwezo/Wazalendo (Iglesia de los Patriotas, en kiswahili) en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Estos habían anunciado su intención de manifestarse contra la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, o MONUSCO, así como contra la fuerza de la Comunidad del África Oriental, que se desplegó para frenar la violencia de los grupos armados en el este de la RDC en agosto de 2022, y contra las ONG occidentales que operan en la zona. Testigos presenciales informaron de que soldados de élite armados mataron a tiros a decenas de civiles, hirieron y detuvieron a muchos más, y arrojaron los cuerpos de los muertos a la parte trasera de camiones militares antes de prender fuego a la iglesia.
Cuando los vídeos de la masacre empezaron a circular por las redes sociales, las autoridades provinciales cifraron el número provisional de muertos en seis civiles más un policía linchado por los lugareños. Mientras tanto, el gobernador militar de Kivu Norte, el general Constant Ndima, calificó a la secta de grupo de bandidos armados en un aparente intento de justificar la operación. Al día siguiente, el gobierno revisó al alza el balance de víctimas, anunciando que había 43 muertos, 56 heridos y 138 detenidos; declaró que los arrestados serían juzgados por los actos de conspiración criminal y participación en un movimiento insurreccional. (Posteriormente, las autoridades provinciales volvieron a ajustar el número de víctimas mortales, hasta 51). En un incendiario comunicado de prensa, el portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, trató de incriminar a la organización acusando a sus miembros de atentar contra el orden público, afirmando que habían matado a pedradas a un agente de policía, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad. Muchos observadores creen que, por el contrario, el linchamiento se produjo después de que los soldados hubieran abierto fuego.
En lugar de aliviar la indignación pública por el descarado ataque, la torpe respuesta de las autoridades avivó las llamas. Los residentes de Goma no sabían cómo explicar la crueldad de la redada, que fue extraordinaria incluso para los pobres estándares de derechos humanos del país. Percibiendo el estado de ánimo de la opinión pública, Kinshasa cambió de rumbo. El 1 de septiembre, el presidente Félix Tshisekedi exigió a su gobierno que esclareciera la “espantosa tragedia”. Después de que ministros clave del gobierno realizaran una apresurada visita a Goma al día siguiente, las autoridades detuvieron a dos oficiales superiores de la Guardia Republicana y a cuatro soldados por su presunta implicación en el asalto, afirmando que serían juzgados de forma inminente. Kinshasa también llamó al gobernador militar, Ndima, a Kinshasa “para consultas”. Ndima es la máxima autoridad de Kivu del Norte desde mayo de 2021, cuando Tshisekedi puso la provincia, junto con la adyacente Ituri, bajo la ley marcial (denominada “estado de sitio”) para hacer frente a las decenas de grupos armados extranjeros y locales que operan en la zona.
Cuando se inició el juicio de los soldados el 5 de septiembre, el fiscal de la RDC afirmó que los acusados habían actuado con independencia del Estado en su “macabra empresa”. Pero el proceso se ha centrado cada vez más en el papel de Ruanda en el este de la RDC, especialmente en su apoyo al movimiento rebelde M23 que resurgió tras casi una década de letargo, atacando posiciones del ejército en Kivu del Norte en 2021. El 8 de septiembre, el comandante de la Guardia Republicana en Goma, el coronel Mike Mikombe, declaró que la inteligencia militar le había informado de que quienes planeaban la marcha eran “auxiliares del M23”. Días antes, el ministro del Interior, Peter Kazadi, ya había justificado el despliegue del ejército el 30 de agosto como una defensa contra una amenaza de Ruanda, señalando que “las fuerzas especiales ruandesas se habían desplegado a lo largo de toda la frontera”. Las fuerzas especiales de la Guardia Republicana, dijo, entraron por tanto en acción “para tranquilizar a la población y crear un efecto disuasorio”.
Al presentar sus acciones como parte de los esfuerzos para contrarrestar al M23 y a Ruanda, los acusados y el gobierno justifican la incursión del 30 de agosto como vinculada a la protección de Goma. Pero a medida que avanzaba el juicio, esta línea de defensa empezó a desmoronarse, con el testimonio de varios testigos que pusieron de manifiesto graves problemas en la cadena de mando del ejército. Por ejemplo, en su comparecencia del 9 de septiembre, el jefe de la inteligencia militar de Kivu Norte acusó a la Guardia Republicana de matar a civiles desarmados, después de que él mismo hubiera sido desarmado por orden del coronel Mikombe: “El comandante de la Guardia Republicana me pidió que dejara de hablar con los manifestantes. Los manifestantes estaban desarmados cuando yo hablaba con ellos. Yo estaba allí y contamos 42 muertos y 33 heridos in situ”.
¿Por qué el incidente es un mal presagio para las elecciones nacionales previstas para diciembre?
La represión se enmarca dentro de tensiones generalizadas en Goma. Los rebeldes del M23, fuertemente armados, han avanzado periódicamente sobre la ciudad, desplazando a miles de personas. Muchos residentes están resentidos con la MONUSCO, la fuerza de la ONU de 16.000 efectivos, a la que consideran desdentada ante el empeoramiento constante de la inseguridad. En junio y julio de 2022, violentas manifestaciones contra la MONUSCO provocaron la muerte de cinco miembros de las fuerzas de paz y 30 civiles en Goma, así como en las ciudades de Beni, Butembo y Kasindi, también en Kivu del Norte. Desde entonces, la fuerza de la ONU ha mantenido un perfil bajo. El enfado popular con las fuerzas extranjeras en suelo congoleño se dirige ahora también contra la fuerza de África Oriental, que los residentes consideran tan ineficaz como la misión de la ONU. El descontento con Tshisekedi, que llegó al poder prometiendo llevar la seguridad al este, también es palpable. Su popularidad en Kivu Norte, una importante circunscripción electoral, ha caído en picado antes de las elecciones presidenciales previstas para diciembre.
«Los habitantes de Goma se quejan de que la ley marcial ha reducido el espacio cívico y restringido gravemente las libertades políticas»
Además, los residentes de Goma se quejan de que la ley marcial ha estrechado el espacio cívico y restringido gravemente las libertades políticas. Desde mayo de 2021, miembros del parlamento nacional y activistas de la sociedad civil han sido detenidos, juzgados y encarcelados por criticar o manifestarse pacíficamente contra el estado de sitio. Las autoridades provinciales también han respondido a las notificaciones de protestas previstas advirtiendo a los organizadores de que “se enfrentarían al rigor de la ley” si seguían adelante. El alcalde de Goma lanzó advertencias similares antes de la masacre del 30 de agosto.
La popularidad de los movimientos religioso–políticos en cuestión complica aún más las cosas. La secta Wazalendo es uno de los muchos grupos mesiánicos congoleños cuyo mensaje religioso se entrelaza con un discurso político centrado en cómo los forasteros están supuestamente socavando la soberanía congoleña. Sus líderes han denunciado los acuerdos del gobierno con “fuerzas extranjeras” (es decir, socios de seguridad y ONG) y la imposición de la ley marcial. Afirman inspirarse en figuras históricas como el ex primer ministro Patrice Lumumba y el difunto líder religioso Simon Kimbangu.
Al gobierno le preocupa que estas sectas puedan intensificar sus protestas, galvanizando la oposición a Kinshasa y empeorando los ya importantes problemas de seguridad. Esta preocupación no es nueva, y la masacre de Wazalendo tampoco es la primera de este tipo. En 2020, la policía lanzó un asalto contra los lugares de culto del movimiento religioso–político Bundu dia Kongo de Ne Muanda Nsemi, matando al menos a 55 personas en la provincia de Kongo Central y en Kinshasa antes de prender fuego a las iglesias del grupo. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido sancionado por el incidente.
