La guerra que se presencia en otros países no está tan alejada de la realidad de Colombia, nuestro caso se coloca en el sur del departamento de Bolívar, donde el miedo resuena a todas horas por las balas que no dan tregua.
Hace ya 15 días que el departamento vive una crítica situación debido a los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Las fuerzas militares se pronunciaron frente al deshumanizante desplazamiento de más de 2000 personas.
“Son los responsables de atentar contra las comunidades de la región, por la disputa y control de las economías ilícitas, como el narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros”, afirma ciudadano.
En el momento en que el narcotráfico se cruzó con el conflicto armado interno, a mediados de la década de los setenta, este último se transformó. El narcotráfico como modelo de acumulación de poder económico y político (Comisión de la Verdad, 2022a) modificó la producción de riqueza del país e involucró a todos los actores de la guerra interna. Particularmente, los reflectores sobre los impactos de estas relaciones se han centrado en los grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares con el fin de mostrar las maneras en que estos se han hecho más violentos y criminales, a la par de evidenciar cómo el conflicto ha llegado a niveles de degradación y escalamiento de la violencia por cuenta de las relaciones entre los actores armados y los mercados ilegalizados de drogas (Henderson, 2012; Duncan, 2015).
Estas complejas relaciones que han instaurado los grupos guerrilleros y paramilitares con las economías regionales de la cocaína, de manera diferenciada, ha sido funcional a tendencias de narcotizar el conflicto interno, lo cual ha llevado a despojarlo de su carácter político y darle un acento únicamente criminal. Políticamente se ha utilizado la visión reduccionista de explicar toda violencia en el país por cuenta del narcotráfico para ocultar causas estructurales de nuestro conflicto social, político y económico (González, 2016; Uprimny et. al, 1994). También para obstaculizar salidas políticas y negociadas con los actores armados e insistir en las opciones militares y guerreristas para seguir justificando recursos económicos para continuar la guerra diciendo que se pretende acabar las drogas.
Actualmente entender la naturaleza del conflicto y su persistencia se ha convertido en un reto en la medida en que el relacionamiento que han construido los actores armados, especialmente las insurgencias, con las economías ilícitas pone sobre la superficie la pregunta sobre la persistencia o no de las causas políticas e ideológicas del conflicto armado colombiano. Y esta no es una pregunta menor, pues a seis años de firmado el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) es un cuestionamiento constante si la persistencia del conflicto y el surgimiento de nuevos grupos armados disidentes del proceso de paz guarda un carácter político o ha virado a un enfrentamiento entre grupos por cuestiones de narcotráfico, minería y otras rentas bien sean legales o ilegales.
Como lo ha expuesto la Comisión de la Verdad (2022a), el país ha puesto en dos orillas las discusiones que atañen a la relación y financiación de los grupos guerrilleros provenientes de los dineros producidos de las economías regionales de la coca y la cocaína. La primera es la que asume que las insurgencias se convirtieron en un cartel más del tráfico de drogas, donde la idea más clásica ha sido la del “cartel de las FARC” que se construyó en la década de los noventa (Guzmán & Muñoz, 2005). La segunda es la idea de que las guerrillas no tuvieron -o tienen- ningún involucramiento significativo con los mercados de la cocaína, narrativa que disputan las guerrillas desmovilizadas y las que continúan en la lucha armada (Comisión de la Verdad, 2022a; ELN, 2022).
