En un giro que ha sacudido de nuevo la esfera política y judicial del país, el juez Fabián Moreno emitió este viernes un fallo en primera instancia contra el abogado Diego Cadena Ramírez, conocido como el “abogángster”. Fue hallado culpable del delito de soborno en actuación penal, tras la presentación de beneficios económicos y jurídicos a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave que vinculaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares.
En contraste, el juez lo absolvió en el caso de Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, debido a inconsistencias en su testimonio y ausencia de pruebas concluyentes. Esto demuestra que la Corte aplicó el principio de la duda razonable en ese episodio.
Lo que provocó el fallo
La Fiscalía y las víctimas presentaron evidencia contundente: grabaciones obtenidas mediante un reloj espía introducido por Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, que documentan las múltiples visitas realizadas a la cárcel La Picota, en Bogotá, en febrero de 2018. Durante esos encuentros, Cadena habría ofrecido a Monsalve apoyo jurídico y acceso a la JEP, a cambio de retractarse de sus declaraciones contra Uribe.
Reacciones legales y consecuencias inmediatas
La condena generó reacciones encontradas en el panorama político. El Centro Democrático cuestionó la lógica jurídica del fallo, señalando la paradoja de que Cadena fue parcialmente absuelto mientras al expresidente Uribe que enfrenta una condena por los mismos hechos sí se le dictó prisión domiciliaria.
Por su parte, Miguel Ángel del Río, representante de algunas víctimas del caso, celebró el fallo contra Cadena, advirtiendo que se trató de un intento deliberado de “entrampamiento” judicial en favor del expresidente.
¿Cuál es la situación actual de Cadena?
Aunque fue sentenciado por soborno en actuación penal, el juez no ordenó su detención inmediata. Cadena permanecerá en libertad hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia, una situación paralela a la del exmandatario Uribe, quien sí fue enviado a cumplir prisión domiciliaria tras su condena en julio de 2025.
Lo que falta por conocer
El juez aún no ha fijado la pena definitiva. La Fiscalía solicitó una condena de siete años de prisión (84 meses), un plazo que podría variar tras el fallo de segunda instancia. También es esperable la presentación de recursos y apelaciones por parte de la defensa.
