El presidente Petro ha propuesto un polémico “pacto” con grupos armados, buscando financiarlos a cambio de su desarme. Destacó que la decisión final recae en los colombianos, desencadenando diversas reacciones. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, argumentó que no es lógico financiar a criminales con el dinero de los ciudadanos.
Los alcaldes y gobernadores que terminaron su periodo el 31 de diciembre de 2023 pidieron hasta el cansancio una explicación clara sobre la paz total, pero nunca tuvieron respuesta concisa. Dejaron sus cargos y no supieron en qué consistía esa política; quedó la sensación de que los ceses al fuego bilaterales con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco eran beneficios para los criminales que seguían delinquiendo.
El anuncio más reciente fue en México. Allí se dijo que había un acuerdo para que el ELN dejara de secuestrar desde el 30 de enero de 2024. Antonio García, máximo jefe de ese grupo criminal, salió a desmentir lo declarado y señaló que abandonar ese delito dependerá de que el Gobierno financie a dicha organización criminal.
