El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar con fuerza el enfoque militar y de inteligencia que Estados Unidos ha venido aplicando en su ofensiva antidrogas en el Caribe, particularmente los bombardeos contra embarcaciones artesanales, a los que calificó como posibles crímenes de lesa humanidad. En un mensaje divulgado el 12 de noviembre de 2025, el mandatario colombiano denunció que el uso de información de inteligencia para lanzar misiles contra pequeñas lanchas tripuladas por pescadores o trabajadores pobres constituye un “patrón sistemático” de ataques contra civiles indefensos.
Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, que desde septiembre han dejado más de 70 muertos, según informes de prensa y organismos multilaterales. Naciones Unidas, Francia y el Reino Unido ya habían manifestado su inquietud por la legalidad y la proporcionalidad de estos bombardeos, en los que algunas víctimas resultaron ser pescadores locales confundidos con supuestos traficantes. En regiones costeras de Colombia y Venezuela, muchos trabajadores del mar han optado por no salir a pescar por temor a ser alcanzados por estos ataques.
Petro enmarcó su posición dentro del principio que ha sostenido en foros internacionales: la lucha contra el narcotráfico no puede justificar violaciones a los derechos humanos ni el sacrificio de vidas civiles. A su juicio, el combate a las drogas debe realizarse desde una perspectiva humanitaria, priorizando la vida y la justicia sobre la fuerza letal.
El mandatario aclaró, sin embargo, que Colombia no romperá la cooperación internacional en materia de inteligencia, pero la condicionará a reglas claras que garanticen que la información compartida no será utilizada para ejecutar ataques indiscriminados. En palabras del propio presidente: “Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos, y que genere capturas protegiendo la vida, será usada por la comunidad de inteligencias, incluidas las norteamericanas”.
Petro aprovechó su pronunciamiento para reiterar que gran parte de la política global de drogas fue diseñada desde enfoques punitivos y coloniales, que han castigado con dureza a los países productores sin atacar las causas estructurales del narcotráfico ni reducir la demanda. Por eso, propuso avanzar hacia una “descolonización de la lucha contra las drogas”, que permita equilibrar la cooperación internacional con la defensa de los derechos humanos. Aclaró que este enfoque no implica debilidad frente a las mafias, y subrayó que durante su administración se han asestado “los golpes más duros” a las estructuras criminales, lo que incluso ha generado amenazas directas contra su familia.
Como parte de esta reorientación diplomática y técnica, el presidente anunció la designación de Marcela Tovar Thomas como nueva embajadora de Colombia ante la ONU en Viena, sede de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del sistema global de control de drogas. Tovar, quien venía desempeñándose como directora de la Política de Drogas del Ministerio de Justicia, tendrá la misión de impulsar un enfoque científico y humanitario en los foros internacionales, en especial frente a la expansión de sustancias sintéticas como el fentanilo, al que Petro describió como “30 veces más peligroso que la cocaína”.
La designación de Tovar busca reforzar la postura de Colombia en el sistema multilateral de drogas, defendiendo una visión centrada en la salud pública, la prevención y el desarrollo social, en lugar de la represión militar. En su discurso, Petro situó el debate en un plano más amplio: el de las mafias multipropósito, que no solo controlan economías ilegales, sino que corroen la democracia, desplazan comunidades y perpetúan los ciclos de violencia que afectan a América Latina y el Caribe desde hace décadas.
El presidente cerró su mensaje con una declaración simbólica que resume su postura: “Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias, y así seguirá siendo”. Con ello, reafirmó que su objetivo no es abandonar la lucha contra el narcotráfico, sino redefinirla bajo un paradigma más ético y humano, donde la inteligencia del Estado sirva para proteger vidas y no para quitarlas.
En síntesis, el pronunciamiento de Petro y el nombramiento de Marcela Tovar marcan un nuevo rumbo en la diplomacia antidrogas de Colombia. El país busca mantener la cooperación internacional, pero bajo principios de derechos humanos, transparencia y control civil, con el propósito de reemplazar la lógica bélica por un enfoque basado en la ciencia, la salud y la dignidad humana.
