El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, ha sido una de las voces más críticas respecto a la situación de seguridad del país. En un emotivo discurso, Motoa recordó el debate de control político que llevó a cabo el año pasado, dirigido tanto a las autoridades nacionales como departamentales en el Valle del Cauca. «¿Hasta cuándo seguirán ‘gobernando‘ de espaldas a la crisis de orden público?», cuestionó el senador palmirano, evidenciando su frustración y la de sus conciudadanos.
Después de dos décadas de relativa paz, la violencia ha vuelto a asolar el Valle del Cauca. Municipios como Palmira, Pradera, Jamundí, Dagua, Buenaventura y otros han sido testigos de la incapacidad e indiferencia del Gobierno Nacional para frenar el avance de los grupos armados ilegales. La situación se agrava por la falta de acciones concretas y de un plan efectivo que proteja a la población civil, fue lo que refirió a través de sus redes sociales Motoa.
Crisis
La crisis no se limita al ámbito nacional. Expresó el congresista que: “El Gobierno Departamental ha demostrado un desinterés preocupante por la seguridad de los vallecaucanos. En 2024, menos del 2% del presupuesto fue destinado a la seguridad, una cifra alarmantemente baja que refleja la falta de prioridad en este aspecto crucial. La población ha quedado expuesta a la violencia y al miedo, sin una respuesta contundente por parte de las autoridades locales”.
Debate
Motoa resaltó la importancia de retomar el debate y buscar soluciones inmediatas a la crisis de seguridad que vive el Valle del Cauca. “La población está cansada de promesas vacías y de la falta de acciones concretas. La indolencia del Gobierno Nacional y el descuido del Gobierno Departamental han dejado a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad inaceptable”.
En conclusión, el senador Carlos Fernando Motoa ha expuesto con vehemencia la alarmante situación de seguridad en el Valle del Cauca, evidenciando la frustración y el descontento de los ciudadanos ante la inacción de las autoridades. Su discurso resalta la necesidad urgente de que tanto el Gobierno Nacional como el Departamental tomen medidas concretas para enfrentar la crisis de orden público que azota la región, y así proteger a la población civil de la violencia que ha resurgido después de dos décadas de relativa paz.
