Un nuevo y grave capítulo se abre en el conflicto armado colombiano, esta vez en el frente de las declaraciones y acusaciones. Las disidencias de las Farc, en un comunicado, han lanzado una dura acusación contra la cúpula militar, afirmando que el reciente movimiento de los generales Mejía y Huertas responde al «afianzamiento de la doctrina paramilitar» en el seno de las Fuerzas Militares.
Esta afirmación ha generado una fuerte reacción, pues toca una de las heridas más profundas en la historia del país: la presunta connivencia entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Según el comunicado, estos movimientos estratégicos de personal militar de alto rango no serían simples rotaciones, sino una maniobra deliberada para consolidar una visión de confrontación que, según ellos, revive viejas prácticas paramilitares.
La acusación, aunque proviene de un grupo armado ilegal, no puede ser ignorada. El historial de las disidencias y otros grupos al margen de la ley a menudo ha incluido la difusión de comunicados y noticias falsas como parte de su estrategia de guerra psicológica. Sin embargo, la gravedad de la declaración y el hecho de que nombra a generales específicos ha encendido las alarmas en diferentes sectores.
Las autoridades militares, por su parte, han guardado silencio hasta el momento, aunque se espera una respuesta oficial en las próximas horas. La defensa del gobierno podría argumentar que la declaración busca deslegitimar a las fuerzas armadas y que forma parte de la estrategia de guerra de las disidencias. La polémica, no obstante, ya está servida.
Este episodio no solo es un reflejo de la guerra en el campo de batalla, sino también de una batalla por el control de la narrativa pública. Mientras las disidencias buscan sembrar desconfianza en las instituciones del Estado, las Fuerzas Militares se enfrentan al reto de defender su legitimidad y transparencia. La verdad, en medio de este cruce de acusaciones, se convierte en la principal víctima.
