Las protestas en Perú, protagonizadas principalmente por la Generación Z, comenzaron el 20 de septiembre y se han extendido durante semanas en Lima y otras regiones del país. Jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, hartos de la corrupción y el crimen organizado, salieron a las calles frente al Congreso para exigir un cambio profundo en la gestión gubernamental. Lo que inició como una manifestación contra las reformas al sistema de pensiones se transformó en un movimiento más amplio de rechazo al gobierno de Dina Boluarte y a la creciente violencia que afecta a los ciudadanos. Las marchas, marcadas por símbolos del anime One Piece, se han convertido en una expresión generacional de inconformismo que también se replica en países como Paraguay, Indonesia y Nepal.
Los manifestantes han adoptado la bandera pirata del anime japonés como emblema de resistencia contra la injusticia y la corrupción, símbolo que ha unido a miles de jóvenes en torno a una causa común. Este movimiento no se limita a los universitarios: también incluye a estudiantes de secundaria, artistas, trabajadores y colectivos sociales que se organizan digitalmente para convocar y coordinar las protestas. Su mensaje es claro: están cansados de los abusos, la impunidad y la falta de oportunidades. Sin embargo, muchos participantes temen represalias, ataques digitales y hostigamiento, por lo que suelen cubrirse el rostro o evitar ser identificados por la prensa.
El malestar social se ha visto agravado por la ola de extorsiones y homicidios que azota al país. Transportistas, comerciantes y ciudadanos comunes enfrentan amenazas diarias del crimen organizado, lo que ha llevado incluso a huelgas y bloqueos. En medio de esta crisis, el descontento contra la gestión de Boluarte ha alcanzado niveles históricos, con una desaprobación del 93%. Pese a ello, la presidenta insiste en no renunciar y acusa a los manifestantes de ser anarquistas manipulados. Su gobierno, además, ha sido criticado por la falta de medidas concretas contra la inseguridad y la corrupción.
La respuesta de las fuerzas del orden ha sido duramente cuestionada por organismos de derechos humanos y medios de comunicación. Enfrentamientos, uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y presuntos disparos de perdigones han dejado decenas de heridos y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Casos como el de Milagros Samillán, activista y familiar de una víctima de las protestas de 2023, reflejan la continuidad de la represión y el miedo a las represalias. Además, se han denunciado cortes de comunicaciones y ataques digitales a líderes juveniles y periodistas durante las manifestaciones.
Pese a la violencia y el temor, la Generación Z peruana mantiene su determinación de exigir cambios estructurales. Los jóvenes buscan no solo la renuncia de Boluarte, sino también un proceso de reformas que permita reconstruir las instituciones y recuperar la confianza en la democracia. Su reto inmediato será mantener la cohesión del movimiento y canalizar su energía hacia las elecciones de 2026, donde representan cerca del 30% del electorado. Lejos de rendirse, aseguran que seguirán luchando por un Perú más justo, libre de corrupción y con una voz juvenil que el mundo no puede ignorar.
