La Flotilla de la Libertad, integrada por activistas, médicos, periodistas y representantes internacionales, fue interceptada por la Armada de Israel el 8 de octubre de 2025 mientras navegaba en aguas internacionales, a más de 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria valorada en más de 110 mil dólares, incluyendo medicamentos, equipos respiratorios y suplementos nutricionales destinados a hospitales gazatíes en crisis por la guerra y la hambruna.
El operativo israelí fue calificado como una violación grave del derecho internacional, y el gobierno de Turquía lo definió como un acto de “piratería”. Según los organizadores —el Comité Internacional para Romper el Asedio y la Coalición de la Flotilla de la Libertad—, el ataque ocurrió en la madrugada, cuando helicópteros y unidades navales israelíes abordaron sin previo aviso los barcos Gaza Sunbirds, Alaa al-Najjar, Anas al-Sharif y Conscience.
A bordo de las embarcaciones viajaban 93 personas, entre ellas médicos, periodistas, funcionarios electos y activistas de distintas nacionalidades. Todos fueron detenidos y trasladados al puerto israelí de Ashdod, sin que hasta el momento se conozca oficialmente su paradero. Las imágenes transmitidas en directo por la Flotilla antes de perder contacto mostraban el abordaje de soldados armados y escenas de tensión.
Las organizaciones participantes denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y confiscación ilegal de ayuda humanitaria. David Heap, miembro del Comité Directivo de la Flotilla en Canadá, aseguró que Israel carece de autoridad legal para detener embarcaciones civiles en aguas internacionales, y recordó que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado facilitar la entrada de ayuda a Gaza, no impedirla.
El ataque fue condenado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, que advirtieron sobre la repetición de un patrón de agresiones desde 2010, cuando Israel comenzó a interceptar las flotillas que intentan romper el bloqueo impuesto a Gaza. En todos estos casos, se han denunciado violaciones al derecho marítimo y al derecho humanitario internacional.
Expertos citados en el informe señalan que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la acción podría considerarse piratería, pues involucró un acto de violencia contra barcos civiles fuera de cualquier jurisdicción estatal y sin justificación legal. Las embarcaciones, tripuladas por personas desarmadas, no representaban amenaza militar alguna, y su única misión era entregar insumos médicos a la población palestina.
La operación israelí, ejecutada sin autorización judicial ni proceso internacional, es vista como una acción arbitraria con fines políticos, que contraviene las obligaciones internacionales de permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, un territorio devastado por la guerra y sometido a un bloqueo que ya ha causado miles de muertes y una crisis humanitaria sin precedentes.
